La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a Pedro Antonio Sánchez frente a las acusaciones que se dirigieron contra él por su posible responsabilidad en el Caso Pasarelas, por el que estaba acusado de prevaricación y falsedad, debido al transcurso del plazo máximo de instrucción de seis meses que fija el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin que se llevaran a cabo diligencias de investigación ni prórrogas por complejidad de la causa. El tribunal ha increpado a la juez instructora señalando que “no hay excusa ni disculpa para lo ocurrido en este caso ya que hubo una indolencia en la instrucción, que es atribuible a la administración de justicia y que no debe repercutir de forma desfavorable en los acusados”.

 

Hay que tener presente que han sido dos los factores que han servido para provocar la absolución. Por un lado, hay que tener presente que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Por otro lado, el mismo precepto indica que antes de la expiración del plazo de seis meses mencionado, el juez instructor, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja para que el plazo máximo sea de 18 meses cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas para las causas complejas.

 

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, fue muy criticada por introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un plazo máximo de instrucción con plenos efectos vinculantes para el juez instructor sin haber aportado medios suficientes a los jueces de instrucción. Sin embargo, también hay que criticar que no se apliquen debidamente las reglas del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que el juez instructor pueda ampliar el plazo por la petición del Ministerio Fiscal.

 

Realmente, no se sabe qué es más grave al comparar entre el plazo máximo de instrucción y la apatía o indiferencia en lo que respecta a la prórroga de los plazos, aunque es verdad que el segundo elemento provoca que puedan existir dudas preocupantes sobre la auténtica necesidad del proceso penal contra Pedro Antonio Sánchez y sobre la seriedad con el que se ha desarrollado el mismo.