La Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, introdujo varios preceptos para castigar la convocatoria y organización de consultas ilegales. Concretamente, el artículo 506 bis castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello, siendo cierto que este artículo y el 521 bis también penalizaban a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas.

 

Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal, derogó los preceptos indicados porque se referían “a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”, destacando que “el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”.


El PP intentó lograr que se volvieran a introducir en el Código Penal delitos para castigar la convocatoria y la organización de consultas ilegales con un texto que proponía penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por hasta diez años para la autoridad o funcionario que convoque o autorice la celebración de un referéndum ilegal, sancionándose penalmente también a los funcionarios o autoridades que faciliten o aseguren la consulta con penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por hasta seis años y para quienes ejerzan de interventores, faciliten, promuevan o aseguren su realización con privación de libertad de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. El resultado de la votación arrojó 165 votos a favor emitidos por el PP y por Ciudadanos frente a 176 votos en contra de los partidos políticos que pactaron para la moción de censura que le dio a Pedro Sánchez la Presidencia del Gobierno.

Ciertamente, los delitos de convocatoria y organización ilegal de un referéndum se configuraba y se podría configurar como un delito especial de prevaricación, siendo cierto que, por no existir aquel delito, es complicado castigar por prevaricación a la persona que convoque una consulta de manera ilegal.

 

Todos los hechos acaecidos en los últimos cinco años sirven para comprobar que se requiere la existencia de un delito de convocatoria ilegal de referéndum, de modo que se pueda evitar con la normativa penal la existencia de eventos causados por la celebración de cualquier consulta organizada ilegalmente, con la que pueden cometerse otros delitos, como los de sedición, rebelión o malversación de caudales públicos. El problema es que el PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco siempre van a preferir rechazar tipificar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, como ya se ha podido comprobar.