La estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño con ánimo de lucro. Por eso, creo que la sentencia que ha condenado a dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; a una ex ministra de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez; y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas, se ha quedado corta puesto que tan sólo se les ha imputado por prevaricación y malversación continuada, cuando en realidad estamos hablando de algo mucho más grave, y explico por qué.

Ha quedado demostrado que todos ellos implantaron en Andalucía desde el año 2000 un sistema por el cual podían disponer 679 millones de euros (casi 113 mil millones de las antiguas pesetas, o más de 150 colegios, como prefieran), con el fin de comprar votos, puesto que sentían que el apoyo popular le iba menguando al gran caladero de votos del PSOE, ya que ese año fue el de la mayoría absoluta de José María Aznar. Y claro, hasta ahí podíamos llegar. Antes morir que perder la vida

Y se pusieron a trabajar para que no volviera a ocurrir. No es que lo diga yo. Es que la propia sentencia reconoce que diseñaron un sistema que escapara a toda publicidad y control, en el cual las subvenciones se concedían discrecionalmente, es decir, a quien querían se las daban, y a quien no, no. Y al que no le gustara, que se j… Pues eso. En la sentencia ha quedado evidenciado el que todos los condenados eran conscientes de su "palmaria ilegalidad". Todos.

Que nadie se lleve a engaño o pretenda disculpar este delito. El conceder las ayudas no era del consejero de Empleo de turno, sino que, otorgarlas o no, “era una decisión del Gobierno en su conjunto", hecho que se recoge en la sentencia para demostrar que no se trataba de una cuestión que se pudiera imputar sólo a un desalmado. Se trataba de una cuadrilla de delincuentes que, con conocimiento de sus decisiones, diseñaron y perfeccionaron un sistema por medio de múltiples modificaciones presupuestarias que pretendían dar apariencia de legalidad a un proceso ilegal, pues sabían que lo era, con el que evitaban que alguien les pidiera cuentas. Es decir, que hicieron lo posible por ocultarlo porque eran conocedores de su ilegalidad.

Y comencé diciendo que es una estafa, porque a todos, sin excpeción, nos han provocado un perjuicio patrimonial, puesto que ese dinero salió del dinero que pagamos para el sostenimiento de los gastos públicos, no para que esta panda de rufianes políticos jugara a ser los modernos Robin Hood, beneficiando a sus correligionarios comprados con el dinero de los demás. Su ánimo de lucro estuvo en el beneficio que esperaban en cada una de las citas electorales, amén de los disfrutes que en comidas, copas y prostitutas se llevaron unos cuantos, por no hablar del dinero del que personalmente cada uno se beneficiaría.

Y siendo así, la estafa estuvo en los resultados de las elecciones generales del año 2000, 2004, 2008 y 2011, amén de las locales y autonómicas correspondientes. No cabe sino deducir que el resultado de las mismas estuvo influido por esta compra manifiesta de votos, de la cual no sólo se benefició el PSOE de Andalucía, como ahora nos quieren hacer creer, sino que el PSOE nacional pudo conformar mayorías que, de no ser por este delito continuado no se habría producido. ¿Estafados? Todos los españoles.

Por eso, la sentencia me parece que no cumple con su función reparadora, puesto que no aborda esta cuestión. Ya sé que ahora no se puede hacer nada contra el resultado de aquellos comicios, pero permítanme al menos una pregunta: ¿habría sido igual el resultado de las elecciones del paso 10 de noviembre si se hubiera conocido la sentencia hace un mes? ¿No creen que al menos esta cuestión habría que debatirla? Porque, les guste o no, nos han estafado: han hecho pública la sentencia tarde. Y lo saben.