Muchos defensores de los líderes secesionistas han pedido la presencia de observadores internacionales durante la celebración de las sesiones del juicio oral por el proceso dirigido contra aquellos por los actos encaminados a lograr la independencia de Cataluña. Amnistía Internacional también solicitó la presencia de personas que pudieran, como representantes de otros países, acreditar el respeto de las garantías de los acusados, como si España fuera un país que necesita la supervisión de los demás Estados para sus actividades principales.

Ciertamente, parece que carece de sentido que se pretenda imponer la presencia de observadores internacionales, ya que, conforme al artículo 120 de la Constitución, “Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”, debiendo destacarse que el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desarrolla el precepto constitucional indicado señalando que “Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”. Sin embargo, si que es indispensable la presencia de observadores internacionales en Cataluña, precisamente para que representantes de otros países puedan comprobar las injerencias y agresiones existentes contra los jueces, policías y ciudadanos que, por no actuar de manera complaciente con los intereses de los líderes secesionistas, tienen que sufrir actuaciones planificadas y ejecutadas por grupos de sujetos que, estando más próximos a las bestias que a las personas, son capaces de lesionar o dañar gravemente a los que ellos mismos, desde su ceguera causada por la abducción secesionista, consideran los grandes enemigos de la “patria catalana”.

 

Ya es el momento de que otros países que sienten atracción por el romanticismo del independentismo catalán vean claramente quiénes son los defensores de la ruptura de Cataluña con el resto de España, que olvidan lo que es la verdadera democracia de la que se habla tanto por los líderes secesionistas y que, verdaderamente, implica libertad solo para los afines al régimen separatista. El problema es que la falta de contundencia de Mariano Rajoy y la complacencia de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes ha complicado mucho la exposición objetiva de los hechos más allá de las fronteras españolas y tendrá que ocurrir algo gravemente relevante para que en los demás países se pueda llegar a conocer la verdad sobre la secesión catalana.