Desde el año pasado, la Administración Tributaria ha asumido una práctica ejecutada por la campaña de la renta que consiste en intimidar a los contribuyentes indicándoles en una carta que existen indicios de riesgo fiscal en su actividad, que no es otra cosa que peligro de defraudación tributaria. El mismo se deduce por Hacienda realizando una comparación entre los ingresos percibidos por personas físicas que ejercen actividades económicas similares en una misma zona, de modo que, en el caso en el que exista una gran diferencia entre los ingresos de un sujeto y otro, se entenderá que concurre n indicios de riesgo fiscal y se le remitirá una carta al contribuyente para decirle que está en el punto de mira de la Administración Tributaria, que no dudará en desarrollar los procedimientos de inspección que sean necesarios para garantizar que nadie declara un euro menos de lo que le corresponde según la normativa fiscal.

 

El problema es que Hacienda no desarrolla una ponderación debida, pues la diferencia de ingresos declarados puede deberse a una clara distinción en los ingresos reales debida a diversos factores, como la mejor calidad de los productos y servicios ofrecidos por aquellos comerciantes o empresarios que obtienen mayores ingresos. Ese factor no se tiene presente por la Administración Tributaria, que prefiere garantizar más posibles ingresos gracias a la utilización de prácticas más agresivas que ya se utilizaron por el Ministerio de Hacienda cuando el Gobierno estaba controlado por Mariano Rajoy.

 

La Declaración de Granada de 18 de mayo de 2018, redactada y firmada por ilustres profesores de Derecho Financiero, señala que “parece que el afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales”, destacando que “lo que debe ser una función pública que tiene como fin hacer efectiva la tributación de todos de acuerdo con la Constitución y las leyes, se lleva a cabo atendiendo de manera preferente a normas reglamentarias e instrucciones internas que, más veces de las deseables, solo están pensadas para allegar más recursos al Erario público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa”. Con ese documento, se pretendía criticar una serie de prácticas que, impulsadas por Cristóbal Montoro, han sido mantenidas por su sucesor.