Dentro de unos días, el próximo 12 de febrero, comienza en el Tribunal Supremo el que posiblemente sea el juicio de mayor importancia en lo que llevamos de democracia. No es arriesgado hacer esta afirmación, ya que nunca, al menos desde la muerte de Franco hasta nuestros días, había estado la unidad de España tan amenazada como en el último año y medio, y pocas cosas pueden ser más importantes para una nación que la defensa de su unidad territorial y espiritual. 
 
Este pasado viernes, los presos separatistas que estaban encarcelados en prisiones de Cataluña fueron trasladados hasta Madrid, eso sí, fue en un furgón nuevo de la Guardia Civil. Al parecer, el motivo por el que pusieron un vehículo nuevo a estos elementos era evitar que sufriesen "malos olores". Se ve que sus distinguidas señorías golpistas tienen la glándula pituitaria delicadita; lástima que no sean igual de sensibles con el cumplimiento de las leyes vigentes.
 
Además de este primer detalle, que la verdad no presagia nada bueno de cara al juicio, parece que quieren empapelar al agente de la Guardia Civil que osó grabar un vídeo durante el traslado de estos golpistas a las cárceles madrileñas. Fue un senador proetarra, Jon Iñarritu, quien rápidamente pidió explicaciones al Gobierno por esta grabación, y le faltó tiempo al Director General del instituto armado para abrir expediente al guardia civil. La Fundación España Responde, que dirige José Manuel Opazo, ya ha ofrecido asistencia jurídica gratuita a este agente.
 
Pero yendo a lo fundamental, este juicio arranca con algunas disposiciones previas que deberían preocupar a los españoles. Por ejemplo, ¿cómo es posible que vaya a ser citado a declarar en este juicio, como testigo, Mariano Rajoy, y sin embargo no esté obligado a comparecer Carlos Puigdemont, que es el jefe de los golpistas? Este hecho nos parece de una extraordinaria gravedad, y demuestra el estado actual en que se encuentra tanto la Justicia como el resto de instituciones democráticas. Es una completa humillación a todos los españoles que Puigdemont siga huido, sin que ningún cuerpo policial pueda detenerlo y traerlo de inmediato a España, y sin embargo tenga que acudir Mariano Rajoy a testificar por el intento de golpe de Estado.
 
Otro dato que produce escalofríos es que la Abogacía del Estado no se haya sumado a la petición que tanto la Fiscalía como la acusación popular, que ejerce VOX, han hecho para imputar a los golpistas el delito de rebelión. ¿Qué intereses defiende la Abogacía del Estado en España?, ¿acaso el interés general del pueblo español? Resulta incuestionable, a la luz de los hechos que se han probado durante el último año y medio, que los golpistas emplearon la violencia, en sus muy diversas formas, para intentar doblegar al Estado español, vulnerando la Constitución de manera notable y celebrando sesiones en el Parlamento catalán cuyo fin último era la declaración de independencia de una parte del territorio nacional. La violencia estuvo presente antes, durante y después, es decir, durante todo el proceso golpista. ¿Dónde ha estado, en este tiempo, la ilustrísima Abogacía del Estado, que se conforma con imputar un delito de sedición? Parece que no en el planeta Tierra.
 
Hay un hecho más que conviene no olvidar. De la misma manera que los pistoleros etarras, salvo alguna excepción, jamás se han arrepentido ni han renegado de sus horrendos crímenes, tampoco estos golpistas separatistas han hecho el menor amago de arrepentimiento. Muy al contrario, se jactan de haber cometido el delito, y aseguran que no abandonarán su objetivo último, que es destrozar la sagrada unidad de España, tan pronto como el Gobierno español se lo permita. Es decir, una vez perpetrado el golpe del 1 de octubre, seguirá habiendo más intentos de ruptura hasta que logren su fin. ¿Y quién se lo impedirá?
 
Este 12 de febrero no solamente debería empezar el juicio contra el golpismo catalán en el Supremo, debería también empezar una rebelión, esta vez cívica, del pueblo español, en defensa de nuestra Patria. Porque como hemos dicho otras veces, ninguno de los derechos y libertades que están presenten en la Carta Magna tienen valor ni vigencia cuando lo que está en peligro es el mismo concepto de España. Ningún otro país de nuestro entorno europeo permitiría que hubiese todo un aparato político e institucional al servicio de unas ideas, las separatistas, que quiebran la convivencia más elemental y nos empujan a un limbo jurídico de terribles consecuencias. Sería bueno que lo tuviésemos en cuenta de cara al futuro inmediato.