La juez que ha estado instruyendo el caso en el que estaban siendo investigados 16 guardias civiles por las muertes de varios inmigrantes en el Tarajal mientras intentaban llegar nadando a la playa ha dictado un auto para poner fin al proceso. La resolución indicada establece que los hechos analizados “son encuadrables, indiciariamente, en los tipos de injusto recogidos en el auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado”, pero indica que procede la estimación del recurso de reforma del Ministerio Fiscal “por motivos diferentes de los esgrimidos, pero en todo caso de obligado cumplimiento para esta juzgadora por cuanto las restantes defensas han interesado el sobreseimiento de la causa y las acusaciones populares han mostrado su voluntad de presentar acusación todas ellas”, pues “la legitimación de la acusación popular para impetrar válidamente la apertura de juicio oral se ve restringida por la llamada Doctrina Botín”, que implica que “en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular”, así que “el juez instructor, frente a la pretensión de sobreseimiento deducida por el Ministerio Fiscal, como es el caso de estos autos, estaría obligado a acordar el sobreseimiento pese a los indicios de criminalidad que hubiere podido apreciar o pese a la solicitud que hubiera efectuado la acusación popular”.

 

Hay que tener presente que la doctrina Botín se creó con la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, que señala que se puede impedir, en un proceso que se está desarrollando por el procedimiento abreviado, a la acción popular solicitar la apertura del juicio por sí y contra lo solicitado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, basándose en una restrictiva interpretación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es cierto que, posteriormente, se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008, que estableció la doctrina Atutxa al indicar que “Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público” y que “En definitiva, satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresada formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva”, pero la doctrina Botín de la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007 terminó sobreviviendo a los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008.