La deplorable e injusta sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por la Familia del general Franco en contra del RDL 10/2018 y todas las actuaciones administrativas posteriores del gobierno de Sánchez ha servido, entre otras cosas, para constatar lo que muchos ya sabíamos: en España ha pasado a mejor vida, ha dejado de existir, la independencia del Poder Judicial que, como se acaba de comprobar, actúa al dictado del Poder Ejecutivo.

En España desde hace tiempo nos tienen narcotizados y engañados haciéndonos creer que vivimos en un maravilloso régimen democrático, la ‘Arcadia feliz’, el summun del bienestar y la libertad de los ciudadanos, simplemente porque cada cierto tiempo (últimamente con inusitada frecuencia) nos dejan ir a las urnas, como mansos corderitos, para depositar un voto que, la mayoría de las veces, no sirve absolutamente para nada, pues los beneficiarios de nuestra confianza, una vez que han alcanzado la poltrona, hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron (‘salVox’ honrosas excepciones).

Es cierto que una democracia se basa en la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus dirigentes, pero no es menos cierto que –además de eso– un régimen solo es verdaderamente democrático si hay una efectiva y real separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y muy especialmente solo es democrático aquel régimen en el que el Poder Judicial, la JUSTICIA (con mayúsculas), es escrupulosamente independiente de Poder Ejecutivo (el Gobierno). Hay decenas de casos en todo el mundo de regímenes que aunque permiten votar a sus ciudadanos son auténticas dictaduras de libro (Venezuela, Zimbabue o Guinea Ecuatorial, por poner ejemplos extremos). Que en un país se vote no significa, ni mucho menos, que sea una verdadera democracia.

En España ocurre justamente lo contrario, y así nos va. Por un lado, la nefasta Constitución de 1978 provoca por su propia redacción una casi inevitable confusión entre el Poder Ejecutivo (Gobierno) y el Poder Legislativo (Congreso y Senado, si es que este último sirve para algo), pues son los diputados los que eligen al Presidente del Gobierno y, salvo periodos cortos en los que el partido gobernante no ha tenido mayoría (en solitario o mediante acuerdos) y que siempre han sido épocas de absoluto bloqueo institucional, el Presidente del Gobierno a través de su grupo parlamentario controla el Congreso. Otra cosa sería si, como por ejemplo en los EE.UU., los ciudadanos eligiéramos directamente al Presidente del Gobierno, en elecciones distintas (y no coincidentes en el tiempo) a las de los diputados. Sea como sea, es obvio que en España los poderes Ejecutivo y Legislativo son prácticamente la misma cosa.

Veamos ahora que pasa con el Poder Judicial. Si nos fijamos en el más alto tribunal, el Tribunal Supremo (TS) cuya sala Tercera ha emitido la vergonzosa sentencia que nos ocupa, su presidente, presidentes de sala y magistrados son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bien, pero ¿quién nombra a los miembros del CGPJ?. Pues los nombran, por mitades, el Congreso y el Senado esto es, los partidos políticos, que necesitan una mayoría reforzada de tres quintos (60%) lo que, erróneamente, podría hacer pensar que se verán obligados a nombrar a personas independientes de los partidos, pues si no fuera así no obtendrían la mayoría necesaria. Esa es la teoría pero, como en tantas cosas en la España actual, la práctica es bien distinta. Los mismos partidos que de cara a la galería se insultan y hasta se despellejan no tienen el más mínimo pudor para ponerse rápida y fácilmente de acuerdo, legislatura tras legislatura, y repartir los puestos en el CGPJ a jueces o abogados afines en proporción parecida a la de sus escaños, en uno de los múltiples chalaneos tan propios de la inmunda clase política que nos toca sufrir, de modo que la composición en cada momento del CGPJ, el máximo órgano de la judicatura y que debería ser escrupulosamente independiente de los partidos, es un reflejo perfecto de la composición del poder legislativo y, por ende, está completamente contaminado por el que en ese momento gobierna. Y, subsidiariamente, lo es la composición del TS (y de los otros altos tribunales de la nación, como los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas).

Si nos fijamos en el otro tribunal más importante de nuestra nación, el Tribunal Constitucional (TC), sus doce miembros son propuestos al Rey (que se limita a nombrar disciplinadamente a los que le mandan, como todo lo que hace el Rey de acuerdo a una Constitución que le ha convertido en una simple figura decorativa) por el Congreso (4), el Senado (4), el CGPJ (2) y ¡el Gobierno! (2). En este caso ya no hay “personas interpuestas”, directamente los políticos nombran a los miembros del TC, y nombran –salvo honrosas excepciones– a personas de confianza, ideológicamente identificadas milimétricamente al partido que las propone y, en muchos casos, con un currículum ridículo para tan alta responsabilidad.

Así, a pesar de que aproximadamente la mitad de los jueces españoles no están adscritos a ninguna de las llamadas “asociaciones profesionales” (Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces por la Democracia son las más numerosas), verdaderos grupos de presión claramente posicionados en cuestiones ideológicas, la totalidad de los magistrados del TS pertenecen a alguna de las dos asociaciones. Dicho de otro modo, mientras que la mitad de los jueces españoles son apolíticos (como debe ser), los magistrados del TS son elegidos entre los jueces o “juristas de prestigio” (sic) más politizados.

¿Cómo es que nos escandalizamos porque las sentencias del TS sean políticas? No puede ser de otro modo, pues los magistrados del TS, al final del día, son políticos. Lo sorprendente hubiera sido lo contrario… Es un escarnio que se conozca públicamente la adscripción política de los componentes de una sala que va a dictar una sentencia. En el caso del recurso de la familia Franco contra el RDL que habilita la profanación de los restos mortales del su abuelo, se sabía de antemano que tres de los magistrados eran afines al PSOE, uno al PP y otro al PNV, quedando solo uno de dudosa o desconocida adscripción. ¿Qué iban a decidir unos personajes así? Lo que han votado, con la sorpresa adicional del magistrado Requero, “el del PP” (da vergüenza hablar así de un tribunal de justicia, pero así están las cosas) que por cobardía o porque su jefe (Pablito Casado) así se lo ha mandado ha sido incapaz de emitir un voto particular en contra, voto discrepante que de haber existido, entre otras cosas, habría aumentado las probabilidades de éxito de los previsibles recursos adicionales de la Familia ante el TC español y/o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las decisiones del TS sobre asuntos que tengan una mínima componente política (y son muchos) no se basan en cuestiones técnicas o jurídicas, sino que son una simple cuestión de mayorías políticas, con magistrados que saben de antemano, antes siquiera de leer el sumario, lo que tienen que votar. Así salen bodrios como la maldita sentencia que nos ocupa, cuyos fundamentos y razonamientos jurídicos son bochornosos, por no decir vomitivos, de un nivel tal que un simple estudiante de leyes que escribiera algo así en un examen de derecho administrativo recibiría un cero, pues no hay nota más baja.

¿Se podría arreglar esto? Por supuesto que sí, y aquí van unas pocas ideas:

  • Todos los jueces, desde el juez de primera instancia hasta el magistrado del TS o el miembro del TC, deben ganar su plaza por oposición. Se debe terminar con el “coladero” del llamado “Quinto Turno”, que permite al CGPJ nombrar jueces entre “abogados y juristas de prestigio”, aunque jamás hayan ejercido la función de juez, pues ¿quién y cómo se mide el prestigio?.
  • Los miembros del CGPJ deben ser elegidos por los propios jueces y entre los miembros de la judicatura, y además los mandatos deben ser largos (y por supuesto que no coincidan con los mandatos del ejecutivo) y renovarse paulatinamente (por ejemplo, mandatos de 15 años, renovando cada 3 años a 1/5 de los miembros). Recuerden que en los EE.UU., por ejemplo, los jueces del Tribunal Supremo lo son de modo vitalicio, y no pasa nada.
  • Al igual que los militares no pueden pertenecer a ningún sindicato o asociación que tenga el más mínimo componente político, hay que prohibir que los jueces lo hagan y disolver las asociaciones que ya existen, sean del color que sean.
  • Nadie que haya militado en algún momento de su vida en un partido político, o en cualquier asociación de carácter político, puede ser juez. Al igual que un ciudadano que en su juventud se hizo un tatuaje ya no puede ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía, el ciudadano que tenga o haya tenido una clara adscripción política no podrá ser juez. Mala suerte si en tu juventud te equivocaste, la vida es así.
  • Los jueces deberán ser identificados por un número, como los policías, no se debería saber ni quiénes son. Hay que terminar con los jueces “estrella”, que en muchos casos solo piensan en su imagen, su “reputación” frente a sus compadres de partido o de ideología y en buscarse un puesto bien remunerado en la política (ahí están Garzón, Marlaska y otros cuantos).

Cualquier modificación de este tipo exige una reforma constitucional, lo que no es ningún drama (en los EE.UU. llevan 27 enmiendas a su Constitución en 232 años, una cada 9 años), pero –claro– exigiría la voluntad y el acuerdo de una mayoría reforzada de los políticos, lo que no va a ocurrir mientras estemos esclavizados por una banda de cuatreros como la que nos gobierna, pues su interés es exactamente el contrario: aumentar más y más, si cabe, su control sobre el Poder Judicial.

Y, mientras tanto, sigan los españoles regocijándose con esta falsa democracia que, como decía al principio, murió el mismo día que la Justicia perdió su independencia.