El artículo 3.1 del Código Penal establece que “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”. Sin embargo, ese precepto se refiere a las sanciones impuestas conforme al Código Penal por la comisión de delitos, no incluyendo, por tanto, los castigos sociales por actos que, siendo contrarios a las normas penales o a las morales o a ambas, se consideran cometidos aunque no hayan sido acreditados de acuerdo con las reglas de la Constitución y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Plácido Domingo ha sido testigo de este fenómeno, por el que las turbas ciudadanas deciden vociferar y gritar por conductas injustas contra personas que, sin haber sido acusadas y condenadas formalmente en un proceso penal, son consideradas autores de delitos que pueden no haber cometido.

 

Las declaraciones de varias mujeres que acusan de acoso sexual a Plácido Domingo y los efectos de las acusaciones, realizadas de manera mayoritariamente anónima y transcurridos más de 30 años desde los hechos resultan alarmantes, principalmente porque buscaban un castigo mediático que se ha conseguido imponer sin demasiado esfuerzo y con consecuencias nada beneficiosas para el señalado. Ese tipo de sanción, que atenta contra la presunción de inocencia y el honor de Plácido Domingo, que ya no podrá ser condenado con una sentencia por dos motivos. En primer lugar, porque faltan pruebas suficientes para lograr la convicción de cualquier órgano judicial penal y, en segundo lugar, porque los hechos delictivos por los que se acusa al tenor ya habrían prescrito.

 

Habría que ir pensando hasta qué punto resulta conveniente que cualquier denuncia de una mujer contra un hombre por actos que atenten contra la libertad sexual de aquella se considere cierta, pues ese modo de analizar los casos sobre asuntos de esa naturaleza impide la aplicación de garantías constitucionales esenciales y puede llegar a causar daños irreparables para la convivencia de los ciudadanos, que necesitan erradicar prácticas del pasado, pero sin acabar con la reputación de personajes conocidos mediante la emisión de juicios mediáticos sobre hechos no acreditados. Para ello, habría que obrar racionalmente, sin formular acusaciones como mecanismo vengativo y dejando el papel de la decisión sobre la existencia de hechos delictivos a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal, que son los únicos que pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre asuntos de naturaleza penal con plena independencia, inamovibilidad, responsabilidad y pleno sometimiento a las leyes.