El “buenismo” político intentó convencer a la sociedad de que los menores no delinquen, de que todo el mundo es bueno, siguiendo las tesis de Rousseau. La Ley 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor, parte de la base de que los menores son víctimas, no autores de delitos, y claro con esta falsa premisa no se va a ninguna parte.

Los códigos penales del franquismo reconocían la circunstancia atenuante de la minoría de edad, pero sancionaban igualmente al menor infractor, como no podía ser menos.

Pero con la llegada del PSOE al poder, comenzó a desarrollarse la teoría de que los menores no delinquían, que había que reeducarles, que la culpa no era de ellos sino del sistema, de la sociedad, etc., y se desarrolló un ordenamiento jurídico específico que todos los profesionales del Derecho sabemos perfectamente que ha fracasado, y que no consigue los objetivos que se propuso.

Pero es que, además, está mal hecho. Limitar a partir de los catorce años la edad en la que un menor delinque supone la existencia de una amplia bolsa de chicos y chicas de edades inferiores, que son utilizados por mafias y organizaciones delictivas, o de motu propio, con la seguridad de que, hagan lo que hagan, les va a salir gratis, pues no les pasará nada.

En efecto, el artículo 1, 1, estipula que “Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”.

Es cierto que no era bueno para los jóvenes tenerles en prisiones comunes, auténticas escuelas de delincuencia, además del peligro de violaciones o abusos sexuales que podían sufrir en manos de internos adultos, pero de ahí a establecer un régimen penal específico, dónde todo son derechos y las obligaciones son mínimas, hay un trecho. Y esta sobreprotección de los menores, que en su vida ordinaria se comportan como mayores, sobre todo desde los 15 a los 18 años, da lugar a toda clase de abusos.

A título anecdótico, pero que podemos elevar a categoría, citaré un caso paradigmático. Según el diario El Mundo del 18 de octubre de 2012, diez estudiantes en huelga asaltan el colegio de los Salesianos en Mérida, tirando al suelo al encargado de mantenimiento y agrediendo a varios profesores, al grito de “¡Dónde están los curas que los vamos a quemar!”. Al resistirse los profesores e intentar repeler el asalto, les amenazaron para que no les hicieran frente porque “si te grabamos con los móviles se te cae el pelo porque somos menores”.

Avisada la Policía Nacional, se personan en el centro, pero no intervinieron, pues según uno de los profesores, José María: “Los agentes nos dijeron que eran menores y que no podían cargar contra ellos porque sería peor”. Es decir, la Policía no actúa, pues está acobardada, y sabe que al tratarse de menores al final los que acabarán denunciados y sancionados serán ellos, y no los asaltantes…

¿Qué Estado de Derecho es éste? Mayores para delinquir, pero menores para ser detenidos y exigirles las responsabilidades a que haya lugar.

En los últimos años, y “gracias” a las políticas inmigratorias del PP y del PSOE, España se ha llenado de MENAS (menores no acompañados), la mayoría procedentes de Marruecos y países subsaharianos.

Chicos que las han pasado muy putas para llegar aquí, que están ya muy “vividos”, la mayoría de los cuales no saben hacer una o con un canuto, ni tienen oficio o profesión con la que ganarse la vida dignamente, cuándo sean mayores de edad, y el “sistema” pase de ellos, pues se supone que ya pueden vivir su vida, a su libre albedrío.

¿Qué “solución tiene esta situación?

 En mi modesta opinión, hay dos:

  • Devolverles a sus países de origen, a gastos pagados, y asunto solucionado.
  • O hacer lo que ha hecho el Parlamento catalán, tan generoso con el dinero ajeno, que ha acordado seguir manteniendo a los MENAS hasta los 23 años, es decir 5 años más de lo legalmente exigible, dese que alcancen la mayoría de edad, con 18 años, dándoles una “paguita” de 664 euros al mes, que multiplicada por doce meses, supone más de ocho mil euros al año, y eso sin pagas extras, que es posible que también las cobren, y trienios, faltaría más...
  • Y cuando tengan 23 años, y sigamos con el mismo problema, es decir que esta gente no trabaje ni haga nada de provecho, ya renovaremos la ayuda hasta los 30 años, y así sucesivamente, hasta que los “pobres” alcancen la edad de jubilación.

¿Y qué hacemos con los parados españoles de larga duración, que cobran un subsidio de solo 430 euros al mes, y con ese cincuenta por ciento de jóvenes que no tienen empleo ni ocupación, o tienen que trabajar de forma muy precaria y cobrando una miseria…?

Pues esos, que se jodan. ¡No haber nacido en España!