En un artículo titulado “Pagar por prestar dinero: la incógnita de los tipos negativos”, escrito por Luis Doncel y publicado en El País, el autor indica que “algo que a primera vista parece contraintuitivo —pagar por prestar dinero— se está convirtiendo ya en una nueva normalidad”. Ello se debe a la evolución de los tipos de interés, que, han llegado a ser negativos.

El contrato de préstamo se define en el artículo 1740 del Código Civil, que establece que por el contrato de simple préstamo, una de las partes entrega a la otra dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, pudiendo ser este contrato gratuito o con pacto de pagar interés. Los intereses remuneratorios, aquellos que el prestatario debe pagar al prestamista por la cesión del dinero, pueden determinarse con un tipo fijo o por un tipo variable con arreglo a un índice bancario.

 

Cuando los intereses se determinan por un índice variable que, en un momento concreto, puede tener un valor negativo, se plantea la duda sobre las implicaciones del interés que se encuentra por debajo de 0. Teóricamente, los intereses negativos implican necesariamente que el prestamista abone el interés correspondiente al prestatario, a pesar de que es el primero el que se ha visto privado de una cantidad de dinero por habérsela cedido al segundo.

 

Javier Hernández critica la idea de defender el pago de intereses por parte de la entidad prestamista al prestatario porque “lo que nunca será ni puede ser un elemento esencial o natural del préstamo, ya sea en origen o de forma sobrevenida, es una obligación remuneratoria del prestamista al prestatario, so pena de incurrir en una categoría contractual diferente que, según las circunstancias, podrá ser plenamente válida si atendemos al principio de autonomía de la voluntad, pero que difícilmente podría encajar dentro de la etiqueta de préstamo”. Juan Ignacio Navas, por su parte, entiende que, si las entidades bancarias pagaran a sus clientes por los préstamos hipotecarios, se produciría un “enriquecimiento ilícito”. Por último, según Arturo Armada de Tomás, “querer exigir de la entidad prestamista el pago de una cantidad de dinero supondría, en primer lugar, desnaturalizar el contrato unilateral configurándolo como sinalagmático; en segundo lugar, supondría des conceptualizar el concepto de interés; en tercer lugar, supondría la creación de una obligación que carece del consentimiento previo que la perfeccione y la haga nacer”.