La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2019 ha condenado a penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses a los ocho acusados en el denominado “caso Alsasua”, en el que se agredió a guardias civiles y a sus parejas en ese municipio, por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, en la medida en que se han estimado parcialmente los recursos de casación que se presentaron para rebajar las penas, algo que los acusados han conseguido al lograr la supresión de las circunstancias agravantes de discriminación para todos y de abuso de superioridad para todos los condenados por delitos de atentado.

 

Polémica resulta la valoración del Tribunal Supremo para descartar la aplicación de la circunstancia agravante de discriminación, justificándose el órgano jurisdiccional con la idea de que la motivación preponderante de los acusados emanó de la relación de las víctimas con el cuerpo de la Guardia Civil, de la cual no se deduce una ideología concreta, y el legislador, al incluir como agravación un contenido propio del derecho antidiscriminatorio, otorga protección a las personas vinculadas a colectivos discriminados que se encuentran en desventaja para un desarrollo en libertad de su vida, evitando que ésta pueda sufrir una situación de discriminación por la mera pertenencia a un colectivo minoritario y vulnerable, de modo que solo se puede aplicar la circunstancia agravante de discriminación cuando se obre contra colectivos que presentan unas situaciones objetivas de vulnerabilidad que el legislador tiene en cuenta para proteger de forma especial y conformar un modelo social de tolerancia y de convivencia pacífica, sancionando conductas que perturban o ponen en peligro esa convivencia pacífica, al tiempo que persigue conformar una sociedad basada en la necesaria tolerancia. Dos magistrados, Vicente Magro y Antonio del Moral, firman un voto particular señalando al respecto que “porque entienden que el hecho probado sí hace mención a la animadversión por la presencia de las víctimas en la localidad y por su pertenencia a la Guardia Civil, pues se trataba era de llevar a cabo un ataque a una institución representativa del Estado español y su odio por su presencia en la zona geográfica con el deseo de su desaparición del lugar, que es lo que motiva el ataque, concluyendo ambos magistrados que “No puede entenderse bajo ningún concepto, por ello, que un ataque a la guardia civil, o a cualquier otro Cuerpo policial no suponga un ataque con discriminación cuando el objetivo es expulsarles del lugar donde residen, o, incluso, como aquí se pretendía, que no fueran a un determinado establecimiento, como si los recurrentes tuvieran un derecho de decidir quién puede entrar en un local o no”.

 

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 1145/2006, de 23 de noviembre, establece que “los valores de antirracismo, antisemitismo o tolerancia ideológica y religiosa son valores esenciales de la convivencia, y el derecho penal debe cumplir su función de asentar tales valores en el seno del tejido social, de ahí que entendemos positiva su incorporación al Código Penal, pero de la misma manera, para no vulnerar los postulados de seguridad jurídica, debe determinarse con precisión que éste y no otro ha sido el móvil del delito, para evitar la aplicación indiscriminada de esta circunstancia agravante por más que algunos hechos ofendan los valores más esenciales de nuestra convivencia”. Por ese motivo, “para la aplicación de esta circunstancia será necesario probar no solo el hecho delictivo de que se trate así como la participación del acusado, sino también la condición de la víctima y además la intencionalidad, y esto es una injerencia o juicio de valor que debe ser motivada”, tratándose “de un elemento subjetivo atinente al animo o móvil especifico de actuar precisamente por alguna de las motivaciones a las que el precepto hace referencia, excluyendo, por consiguiente, aquellos supuestos en los que estas circunstancias carezcan del suficiente relieve o, incluso, no tengan ninguno”.

 

En el caso de la agresión a los guardias civiles en Alsasua se puede hablar de actuación por motivos discriminatorios por razón de la ideología, además de por la ideología que se presuponía de las víctimas, por el hecho de que se agredió a los propios guardias civiles precisamente porque no compartían la ideología nacionalista vasca con sus agresores. De este hecho, claramente acreditado en el proceso, se podía deducir la aplicabilidad de la circunstancia agravante de obrar por motivos discriminatorios, ignorada de forma indebida por la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo que han analizado el asunto al limitarla a los casos en los que la víctima forme parte de uno de los colectivos que han sufrido la marginación a lo largo de la historia.