El artículo 18.1 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. El contenido de este derecho puede ser de difícil concreción, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional X indica que “En relación con el derecho a la intimidad, este Tribunal ha reiterado que se funda en la necesidad de garantizar «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana, que puede ceder ante la prevalencia de otros derechos, como el derecho a la información cuando se refiera a hechos con relevancia pública, en el sentido de noticiables, y a que dicha información sea veraz» (STC 77/2009, de 23 de marzo, FJ 2)”, añadiendo que “ha señalado que el derecho a la intimidad atribuye a su titular «el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia de una publicidad no querida» (entre otras, SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3; 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 11, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 8), y, en consecuencia, «el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido» (entre otras, SSTC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5, y 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2)”. Como destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2012, de 30 de enero, “la intimidad protegida por el art. 18.1 CE no se reduce necesariamente a la que se desarrolla en un ámbito doméstico o privado”, ya que ese derecho abarca “las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno”.

 

La mayoría de las intromisiones en la intimidad que se analizan por los juzgados y los tribunales tienen que ver con conflictos vinculados con la libertad de información y con grabaciones realizadas para la protección de otros derechos. Sin embargo, en ocasiones se llegan a conocer asuntos realmente curiosos, como el de la Sentencia del Tribunal Supremo 600/2019, de 7 de noviembre, confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que condenaba a una sociedad por intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad por colocación de cámaras de vigilancia no aptas para grabar, pero orientadas hacia finca del demandante. Concretamente, al menos una de las cámaras estaba hacia el jardín exterior de la vivienda y posibilitaba que el demandante y su familia pudieran sentirse observados en su propia parcela, de manera que la situación era objetivamente idónea para coartar su libertad en la esfera personal y familiar y no se podía justificar por un uso inocuo, pues quien se siente observado no se comportará del mismo modo que sin la presencia de cámaras y no tiene por qué soportar la incertidumbre permanente en torno a la operatividad de la cámara que apunta a su finca, pues su apariencia externa le impide comprobarlo y la demandada siempre tendría la posibilidad de sustituirla por una cámara operativa.