La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 190/2019 ha condenado a varios dirigentes del PSOE que tuvieron una fuerte vinculación con la Junta de Andalucía por los cargos que ocuparon en el Consejo de Gobierno y en la Administración Autonómica. Precisamente, José Ramón Chaves y José Antonio Griñán obraron permitiendo la concesión de “subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido”, con la intervención de ambos que, en ejecución de un plan preconcebido, tenían el dominio funcional del hecho de un modo que les permitía proceder para la concesión de subvenciones sin respetar los mecanismos de control. El propio José Manuel Chaves declaró durante el proceso que “las ayudas como he dicho antes, Señoría, tenían su base política en un acuerdo de concertación que tenía y que buscaba como objetivo la paz social y el diálogo social”.

 

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, redactó un artículo titulado “Una sentencia que raya en la "ignorancia inexcusable"” y publicado en eldiario.es, en el que comenta la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla 190/2019 afirmando que “en la Sentencia de los ERE dada a conocer este martes se produce una quiebra entre el relato fáctico y la fundamentación jurídica”, ya que “el Tribunal se esfuerza en argumentar que los hechos que figuran como probados son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, pero no lo consigue” porque “no lo puede conseguir”. El problema es que parece que Javier Pérez Royo no se ha leído la sentencia o que, habiéndola revisado, no ha podido asumir como los hechos probados son constitutivos del delito de prevaricación, que el catedrático no entiende demasiado bien.

 

El delito de prevaricación se encuentra regulado en el artículo 404 del Código Penal, que indica que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. En relación con este delito, hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 363/2006, 28 de marzo, señala que “la STS. 1658/2003 de 4.12 nos recuerda que el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación”, garantizando “el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el principio de intervención mínima del ordenamiento penal (Sentencias de 21 de diciembre de 1999 y 12 de diciembre de 2001, entre otras)”. La Sentencia del Tribunal Supremo 49/2010, de 4 de febrero, establece que “La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, lo que implica, “su contradicción con el derecho, que puede manifestarse, según reiterada jurisprudencia, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder (STS núm. 727/2000, de 23 de octubre), o en palabras de otras sentencias, puede venir determinada por diversas causas y entre ellas se citan: la total ausencia de fundamento; si se han dictado por órganos incompetentes; si se omiten trámites esenciales del procedimiento; si de forma patente y clamorosa desbordan la legalidad; si existe patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales (STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre y STS núm. 76/2002, de 25 de enero)”, siendo digna de mención la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1996, que ya destacó que la injusticia puede verse concretada en “un torcimiento del derecho, o una contradicción con el Ordenamiento jurídico, de tal manera patente y grosera, que pueda ser apreciada por cualquiera, no bastando la mera ilegalidad que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el mundo del Derecho (Sentencias Sala 2ª Tribunal Superior de 10 de Mayo de 1.993, 0 20 de abril de 1.995, entre otros)”.

 

Cuando quiere, Javier Pérez Royo sabe demostrar que es un buen jurista. Sin embargo, son muchas las ocasiones en las que, por defender su ideología o a sus amigos, tiene una percepción distorsionada de la realidad y pierde la fiabilidad técnica que le corresponde por su trayectoria, lo que le lleva a exponer argumentos verdaderamente débiles para defender ideas que carecen de sentido.