La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado la sentencia referida al caso de la Manada de Manresa condenando a la mayor parte de sus miembros a penas de prisión de más de nueve años y absolviendo a un par de ellos. Uno de los acusados absueltos lo fue por una curiosa razón, ya que se quedó observando los hechos mientras se recreaba con los abusos sexuales que estuvo presenciando y la resolución destaca que “podría haber hecho nada efectivo para evitar los delitos, cometidos por una pluralidad de hombres y en un descampado alejado de zonas habitadas donde poder encontrar auxilio”.

 

Es lógico que al chico absuelto no se le haya condenado por el delito de abusos sexuales, pues no es autor en la medida en que, según la Sentencia del Tribunal Supremo 311/2014, de 16 abril, “cuando varios participes dominan en forma conjunta el hecho (dominio funcional del hecho), todos ellos deben responder como coautores”, debiendo tenerse presente que “la coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho no puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho”. Sin embargo, si que se le podría haber condenado por un delito de omisión del deber de impedir delitos del artículo 450 del Código Penal, que establece que “El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél”, señalando además que “En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia”. De la Sentencia del Tribunal Supremo 42/2000, de 19 de enero, se deduce que el delito de omisión del deber de impedir delitos requiere para su existencia: 1º) una conducta omisiva sobre el deber de impedir la comisión de un delito de los contemplados en el artículo 450 que vaya a sufrir una persona, siendo cierto que en ese caso la víctima debe necesitar protección de forma patente y conocida sin que existan riesgos propios o de un tercero, como pueda ser la posibilidad de sufrir lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que necesita; 2º) una repulsa por el ente social de la conducta omisiva del agente; 3º) una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar.

 

El joven absuelto debería haber sido condenado por la omisión del deber de impedir delitos al no haber realizado conducta alguna que pudiera servir para dificultar la acción de los autores del abuso sexual, pues, en lugar de quedarse mirando, podría haber ido a pedir auxilio o haber llamado por teléfono a la Policía. La Audiencia Provincial de Barcelona no fue capaz de percibir ese dato tan obvio y cometió un grave error.