Los hombres merecen respeto, sus actos y sus obras, sus decisiones y sus sentencias, en innumerables ocasiones, no. Más allá del respeto debido a la condición humana del más despreciable de los hombres, aunque lleve toga, no siento el menor respeto por la sentencia del Tribunal Supremo que pretende enterrar al Generalísimo Francisco Franco en el olvido profanando, con todos los oropeles judiciales que se quiera, su tumba del Valle de los Caídos.

Nunca, jamás he creído en esa mentira de consenso que mineraliza la independencia del Poder Judicial en una verdad absoluta y en un dogma democrático con la amenazante fuerza de una ley coránica. La cúpula del Poder Judicial español, el Tribunal Supremo y sus éforos del Consejo General del Poder Judicial, son un arrabal más de los poderes políticos, en tanto que sus magistrados lo son, sólo y exclusivamente, en función del cambalache y del apaño que los partidos intercambian en el tapete de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En esa timba se reparten las togas del Tribunal Supremo buscando siempre la dependiente docilidad del destinatario del nombramiento, y fundamentalmente en los asuntos de especial relevancia política y, por lo tanto, de enorme transcendencia social e histórica, como la sentencia para la legalización de la profanación de la tumba del Generalísimo Francisco Franco.

Seis magistrados, dos de matute del cuarto turno, sin el filtro aparente de la oposición, elegidos por ese concepto tan subjetivo como etéreo que dieron en llamar “reconocido prestigio”, otros tres togados de reconocidas filias socialistas, a no ser que el PSOE tenga las neuronas tan corrompidas como los bolsillos y designe togados del Supremo a magistrados que le son abiertamente adversos, y el sexto de la unánime sentencia un suplicante del PP que, probablemente, esté “opositando” para ser más progre y más antifranquista que sus compañeros de cartel: los dos de matute del cuarto turno y los tres filosocialistas.

¿Dónde está la independencia del Poder Judicial? En la mentira de consenso aceptada sin rechistar por los profesionales del poder político y de sus afluentes periodísticos, que no quieren que gravite sobre sus cabezas y su carreras la amenaza coránica implícita sólo en la duda razonable de que, los magistrados del Supremo y los éforos del Consejo General del Poder Judicial, sean tan dependientes del poder político como lo fue su ejemplar colega, aquel que presidió la sala que juzgó y asesinó “legalmente” a José Antonio Primo de Rivera, y que el primer día de la vista tuvo un lapsus premonitorio invitando a José Antonio a entrar en la sala diciendo “pase el condenado”.

La sentencia de la profanación legal de la tumba del Generalísimo Francisco Franco no estaba escrita, pero sí estaba dictada desde que el Parlamento decidió deshonrarse aprobando su exhumación. El Tribunal Supremo ha hecho lo de siempre, recoger y reciclar la basura que los políticos dejan en su felpudo.