El fiscal Pedro Rubira planteó unas cuestiones en la vista celebrada para analizar la declinatoria de jurisdicción presentada para evitar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conozca de la causa contra los que fueron miembros del Gobierno de Cataluña y que están acusados por sedición. Concretamente, el fiscal se preguntó: “¿Puede haber imparcialidad y serenidad, si se manda la [causa por] rebelión y sedición a Cataluña? ¿Ustedes piensan que puede haber esta serenidad? ¿Que puede haber esa imparcialidad?”. Esas mismas cuestiones se basaron en unas afirmaciones de José Manuel Maza, que presentó la querella ante la Audiencia Nacional afirmando que mantener la investigación en Madrid está relacionado con “la necesidad de asegurar un clima de serenidad en el enjuiciamiento, como presupuesto de imparcialidad”.

 

Los jueces catalanes consideraron que las manifestaciones de Pedro Rubira fueron desafortunadas. Ese planteamiento es comprensible, ya que se pueden entender como un modo poco adecuado de cuestionar la independencia y la imparcialidad de los jueces en Cataluña.

 

Ciertamente, parece complicado poder considerar competentes a los jueces de la Audiencia Nacional para conocer de la causa contra aquellos que están siendo acusados por sedición por sus actuaciones cuando formaban parte del Gobierno catalán, ya que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no recoge el delito de sedición dentro de su ámbito. No obstante, ese precepto establece que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene competencia para el enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno, incluyéndose el delito de sedición como un delito contra los altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.

 

Hay dos aspectos que resultan preocupantes en todo este asunto. El primero se refiere al empleo de argumentos jurídicos vinculados con el terrorismo para justificar la competencia de los jueces de la Audiencia Nacional. El segundo tiene una fuerte relación con el miedo que hay a las presiones independentistas en Cataluña, que parecen ser incontrolables a pesar de todos los medios que, teóricamente, existen para asegurar la independencia judicial.

 

El problema de la secesión de Cataluña ya ha afectado a la cohesión social y a la estabilidad del Estado. Esos dos elementos no se podrán recuperar hasta que cambien todas las circunstancias que están obstaculizando el cumplimiento de la Constitución y el respeto a la unidad nacional de España.