Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno en funciones, ha realizado un gesto gravemente torpe, probablemente por motivos electoralistas, al afirmar que el Ministerio Fiscal depende del Gobierno. De ese modo, justificaba que se pueda atribuir los méritos que puedan resultar de la labor de los fiscales en la detención y entrega de Carles Puigdemont, que ahora se encuentra en Bélgica comiendo chocolate y bebiendo cerveza a costa de un entramado de ayudas cuya fuente podría proceder perfectamente de fondos públicos.

 

Las asociaciones de fiscales, con buen criterio, han respondido a la declaración de Pedro Sánchez. Un comunicado de la Asociación de Fiscales afirma que el Ministerio Fiscal “es independiente y sólo depende de la legalidad”, destacando que “la Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al ministerio fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable”, ha añadido la asociación, de carácter conservador. Otro comunicado, emitido por la Unión Progresista de Fiscales, señala que “el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes al/a la Fiscal General, que quede claro”.

 

Además de las asociaciones de fiscales, el presidente del Gobierno en ha tenido que ver la respuesta de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha emitido una nota de prensa. En la misma se indica que “todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales en la Causa especial 3/20907/2017 del Tribunal Supremo, como el resto de las que realizan a diario los fiscales, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”.

 

Ciertamente, el actual presidente del Gobierno en funciones, que rectificó tardíamente y con escasa convicción, ha expuesto exceso de ignorancia y falta de astucia atendiendo al ordenamiento jurídico y a las implicaciones prácticas que el mismo puede llegar a tener en relación con la labor del Ministerio Fiscal, cuya regulación esencial se encuentra en el artículo 124 de la Constitución, que establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social, ejerciendo sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. En relación con ese precepto, el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.

 

Hay que tener presente que el Ministerio Fiscal actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan, obrando además con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. Hay varias muestras de ello, como la diferencia de criterio que mostraron los fiscales del Tribunal Supremo ante la Abogacía del Estado en la Causa especial 20907/2017, seguida contra los líderes secesionistas que fueron condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, pero si que hay un elemento que, aparentemente puede vincular a los fiscales con el Gobierno: el nombramiento del Fiscal General del Estado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Ese aspecto de la regulación puede llevar a pensar que los fiscales, atendiendo a los principios de unidad de acusación y de dependencia jerárquica, pueden desarrollar sus labores con el criterio marcado por el Gobierno, pero debe pensarse que, nombrado el encargado de ocupar el cargo de dirección del Ministerio Fiscal, no tendrían que existir injerencias en su labor.

 

Si se desea acabar con la percepción de vinculación del Ministerio Fiscal con el Gobierno, que Pedro Sánchez ha alimentado más que nadie, se puede realizar una sencilla reforma de la Constitución que consistiría, simplemente, en determinar que la Fiscalía General del Estado sea dirigida por una persona designada por el Consejo General del Poder Judicial o por una mayoría de tres quintas partes del Congreso. La modificación se produciría por el procedimiento de reforma constitucional del artículo 167 de la Constitución, cuyas normas se aplicaron para alterar el contenido del artículo 135 de la misma norma en 2011.