Cándido Conde-Pumpido ha preparado una ponencia para la sentencia que el Tribunal Constitucional va a dictar sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015, por la que se anuló la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el asedio al Parlament de Cataluña y condenó a ocho de los acusados a tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado de los previstos en el artículo 498 del Código Penal. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había absuelto a los acusados basándose en “la doctrina del efecto desaliento”, entendida como “pauta del juicio de proporcionalidad penal cuando se afectan derechos fundamentales”, aplicada porque “la sanción penal que no tuviera en cuenta que los acusados cuyos actos analizamos ejercían un derecho fundamental, enviaría un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes y del ejercicio de la crítica política” y porque “las acciones que las acusaciones pretenden incriminar consistían en la expresión pública de la crítica a quienes ostentaban en aquel momento la representación popular, por parte de un grupo de personas que se confrontaban con sus parlamentarios -en los términos que la autoridad gubernativa había considerado-, para trasladarles un comunicado de repulsa ante las decisiones que iban adoptar en la sesión plenaria, algo que se integra en el núcleo de la democracia, en el corazón del sistema, en la medida que expresa participación ciudadana directa, libertad de expresión, pluralismo político y acceso al espacio público de las voces de disenso de los desfavorecidos por las políticas públicas de austeridad, es decir, remoción de los obstáculos a la igualdad”. Sin embargo, el Tribunal Supremo condenó a los acusados, ya que la sentencia anulada “altera las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional de ponderación” y “lo hace recurriendo a una errónea y traumática desjerarquizacion de uno de los derechos convergentes -el derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo-, que, pese al esfuerzo argumental empeñado, se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema”, destacándose que “paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático” y que el derecho de reunión no es absoluto ni carece de límites.

Precisamente, fue Manuel Marchena el magistrado que dictó la sentencia que se va analizar en el Tribunal Constitucional, en la que se afirma que “el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de reunión, no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional” lo cual justifica que “La Sala no puede sino identificarse con la necesidad de una acotación expansiva del derecho a la libertad de expresión, como garantía de la pervivencia misma del Estado de Derecho”. El texto de la ponencia de Cándido Conde-Pumpido pretende echar abajo la argumentación de Manuel Marchena estableciendo que “la condena penal impuesta a los recurrentes por los hechos imputados supuso objetivamente una restricción de sus derechos de reunión y manifestación, interpretados a la luz de la libertad de expresión, en tanto tal interferencia no solo opera cuando las reuniones son prohibidas”y que “Consideramos que las conductas que les han sido imputadas constituyen actos de protesta y reivindicación extralimitados que, pese a su naturaleza verbal innecesariamente coercitiva, se encuentran directamente relacionados con las críticas políticas y de carácter social que justificaron la convocatoria de la reunión”, de forma que Cándido Conde-Pumpido se ha limitado a recoger las ideas que expuso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia que dejó sin efecto el Tribunal Supremo, obviando el magistrado que el artículo 7.2 del Código Civil establece que “La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo” y que “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido podría servir para dotar a los líderes secesionistas de un arsenal jurídico con el que poder librarse de la condena que parece esperarles con la ponencia de Manuel Marchena en la Causa especial 20907/2017. El magistrado del Tribunal Constitucional debe conocer ese detalle y los más atentos a la historia reciente podrán ir infiriendo cuáles son los posibles motivos que tiene Cándido Conde-Pumpido para redactar un texto con el que le haría un favor a los independentistas catalanes y al PSOE mientras fastidia la labor del Ministerio Fiscal y del Tribunal Supremo.