En la charla del pasado 16 de noviembre, cuando tras desalojar al grupo terrorista, pudimos disfrutar de la mesa redonda, me preguntaron qué proponían los colegios de psicólogos y los profesionales de la psicología para ayudar a los menores que están siendo explotados por sus propios progenitores. Sentí mucho no arrojar grandes esperanzas, pero ¿qué se puede decir cuando lo primero que ves al entrar en las webs de los colegios de psicólogos, es un gran lazo morado cubriendo su logo?

En nuestra práctica profesional, los psicólogos hemos de hablar siempre desde la ciencia, no desde la pseudociencia con “perspectiva de género” y, cuando expongamos ideas sin ningún estudio que las sostenga, hemos de dejarlo bien claro.

Nuestro código deontológico es firme. Algo que mis colegas de los psicosociales y chiringuitos varios obvian constantemente.

Me gustaría afirmar que la mayoría lo hacen de manera inconsciente fruto del lavado de cerebros que oprime las instituciones y que son solo unas pocas, las que utilizan su posición para fines espurios. Pero, lamentablemente, no es así.

A estos psicólogos, trabajadores sociales y “técnicos”, la mayoría mediocres e incompetentes a la vista de sus peritaciones y actuaciones, les ha tocado la lotería ya que, poco podrían hacer en la “España que madruga”. A su incompetencia y mediocridad hemos de sumarle los sueldos desorbitados que reciben. Sueldos que pagan todos los españoles incluidos los hombres a los que arrebatan sus hijos, encarcelan y/o incitan al suicidio sumado a sus madres, hermanas, hijas, abuelas y nuevas parejas, que sufren viendo consumirse a los hombres que aman.

 

¿Cómo iban a estar dispuestos a renunciar a su gran pedazo del pastel que provee la Ideología de género?

Por muy “rico” que esté algo, si abusamos de ello, nos puede dar un buen dolor de tripas y, si está contaminado, puede terminar con nuestra vida. A ver si con un poco de suerte, este feminismo radical se fagocita a si mismo o muere de indigestión.

Si esto no sucede, el panorama es espeluznante.

Tengamos presente que estos profesionales de la incitación al falso testimonio y denuncia instrumental tienen las herramientas para entrenar en simulación a las mujeres que desean seguir mamando de la teta del exmarido y padre de sus vástagos. Y eso es, exactamente, lo que vienen haciendo con la ley en la mano.

Un profesional de la salud tiene la obligación de ser imparcial y no posicionarse a la hora de realizar tanto una pericial como una evaluación clínica en el ámbito de una consulta privada. Incumplir esa máxima significa poner en riesgo a su propio cliente o paciente, así como su credibilidad y la del colectivo al que representa.

Seamos éticos. Nuestros pequeños merecen un mundo mejor que el que estamos permitiendo.