El punto 4.28 del programa del PSOE para las elecciones generales del día 28 de abril se refieren a la propuesta de “crear la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados -Diputado y Diputada 351-, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con la Cámara”, que constituiría “un espacio físico y digital donde la ciudadanía pueda potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas requeridas para su presentación, lo que requerirá reforma constitucional, y reconociendo el derecho a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas”. Esta idea supone la evolución de una propuesta que se recogió en el programa del PSOE para las elecciones generales que se celebraron en diciembre del año 2011.

 

La Constitución indica en el artículo 87 que, para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, que se regirá por lo dispuesto en una ley orgánica, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas y que no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Según la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, su regulación pretende instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilitar, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria, debiendo presentarse por los interesados que constituyan la Comisión Promotora ante la Mesa de la Cámara un texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos.

 

Hay que destacar que la idea del PSOE es muy atractiva. Sin embargo, el problema que existe con la iniciativa popular no es su configuración normativa, pues su correcto ejercicio y aprovechamiento por los ciudadanos encuentra su mayor obstáculo en la falta de interés de los partidos políticos de tener en cuenta los textos remitidos por los ciudadanos para lograr reformas que se consideran legítimas. La muestra más evidente es el dato relativo al número de iniciativas legislativas populares aceptadas, que han sido dos: la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, y la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.

 

Se necesitan mecanismos para lograr la efectiva participación de los ciudadanos en el sistema, pero también se requiere un cambio de actitud de los dirigentes públicos, que, con independencia del partido político del que formen parte, no terminan de entender que las instituciones no les pertenecen.