La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha celebrado el acuerdo alcanzado el pasado día 12 de noviembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esa asociación emitió un comunicado afirmando que “Juezas y Jueces para la Democracia apoya la conformación de un gobierno que sume las fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”.

 

Ciertamente, resulta preocupante que haya jueces que manifiesten su opinión política, pues el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no podrán los jueces y magistrados “Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos”. Sin embargo, más problemático es que una asociación de jueces emitan un comunicado alabando un pacto entre dos partidos políticos de signo ideológico similar, ya que el artículo 401 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que las asociaciones de jueces “Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general” y “No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos”.

 

Que haya vinculaciones entre partidos políticos y asociaciones judiciales constituye un riesgo para la separación de poderes y para la imparcialidad de los jueces, que deben actuar sin tener en consideración su posición ideológica. Los jueces y magistrados solo deben actuar con sometimiento estricto a la ley y, para ello, se requiere que aparenten imparcialidad conforme a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de julio de 2008, que destaca que “En cuanto a la imparcialidad objetiva, hay que preguntarse, cuando un tribunal completo está en cuestión si, con independencia de la actitud personal de uno de sus miembros, ciertos hechos verificables autorizan a dudar de la imparcialidad de éste”, pues “En este caso, incluso las apariencias pueden revestir gran importancia”, ya que “Resulta que, para pronunciarse sobre la existencia, en un caso concreto, de una razón legítima para temer una falta de imparcialidad de una jurisdicción, el punto de vista del interesado es tomado en consideración pero no juega un rol decisivo” y “El elemento determinante consiste en saber si los temores de éste pueden considerarse objetivamente justificados (Lindon, Otchakovsky-Laurens y July contra Francia [GC], núms.. 21279/2002 y 36448/2002, ap. 77, CEDH 2007-...)”.

 

El Estado de Derecho solo puede funcionar si existe una separación de poderes adecuada, de la que difícilmente podrá hablarse si los jueces no insisten en garantizar la imparcialidad y la apariencia de la misma por sucumbir en vicios que el sistema ha llegado a generalizar.