Ángel Hernández ha practicado la eutanasia activa directa a su esposa, María José Carrasco, una enferma de esclerosis múltiple, para acabar con la vida y con el sufrimiento de la mujer. El momento en el que el marido procedió a acercar a su esposa el vaso con el pentobarbital sódico fue grabado en vídeo y, tras el fallecimiento, Ángel Hernández comunicó lo ocurrido a los médicos a los que llamó.


La eutanasia activa directa está castigada en el Código Penal, por el que habría que sancionar a Ángel Hernández. El artículo 143.4 del Código Penal señala que “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”, correspondiendo para el caso de Ángel Hernández una pena de seis meses a un año de prisión bajando en dos grados la pena de la cooperación al suicidio, que, según el segundo apartado del mismo precepto, es de dos a cinco años, siendo cierto que la pena a imponer finalmente por el artículo 143.4 tendría que ser de seis meses al concurrir las circunstancias atenuantes de atenuante del artículo 21 y de parentesco del artículo 23, de manera que el propio Ángel Hernández no tendría que ingresar en prisión al suspenderse la ejecución de la pena conforme a los artículos 80 a 88 del Código Penal.

 

Son muchos los que critican la regulación actual sobre la eutanasia por la existencia de razones humanitarias, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/1990, de 19 de julio, que realiza un análisis de la cuestión a partir de la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de junio, establece que “Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”. Sin embargo,Francisco Muñoz Conde indica,en su manual sobre la parte especial del Derecho Penal, el derecho a disponer sobre la propia vida y al suicidio, en el caso en el que existiera, no justifica la exclusión de la responsabilidad criminal de aquellos que colaboren y que, en cualquier caso, “no parece político-criminalmente deseable dar a toda costa la primacía a la voluntad de quien no quiere vivir más hasta el punto de dejar impune todo tipo de colaboración en dicha decisión por parte de terceros, que incluso pueden actuar interesadamente o por lo menos sin la angustia y la tensión de quien no quiere vivir más”, pues existe el riesgo de que se produzcan casos en lo que se habilite cometer un acto injusto, como en la situación en la que un enfermo incurable que consiente en que se acelere su muerte para que se le extraigan sus órganos vitales a cambio de una fuerte cantidad de dinero para sus herederos o en la de un hombre que prefiere la muerte ante la perspectiva de una larga y penosa enfermedad que apenas ha comenzado a incidir en su salud.

 

Es necesario debatir sobre la eutanasia teniendo presente los riesgos que podrían implicar un cambio radical en la regulación. Para ello, hay que ver cuál es la postura que se quiere adoptar teniendo presente que, actualmente, es muy complicado ir a la cárcel por cometer el delito de eutanasia y que la investigación judicial ayuda a evitar que se puedan cometer abusos sin consecuencias. Sin embargo, también hay que analizar lo que lamentablemente provocó la manera de actuar de Ángel Hernández, pues María José Carrasco estuvo esperando durante diez años para poder ingresar en una residencia sin obtener una plaza que necesitaba al tener uno de los grados de dependencia más altos.