Pablo Iglesias, en enero de 2018, afirmó que el Chicle no debería ser condenado con la pena de prisión permanente revisable porque, en ese caso, se estarían aplicando actos a partir de “legítimos sentimientos de venganza” con los que él no está de acuerdo.

 

Ciertamente, resulta difícilmente justificable poder decir que la prisión permanente revisable constituye un acto de venganza, pues no es más que la legítima consecuencia por la comisión de determinados delitos que llevan aparejada esa sanción. Franz von Liszt, un reconocido jurista alemán, definió el Derecho penal afirmando que “es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legitima consecuencia”, partiendo de la normativa penal. Conforme a lo establecido en artículo 2.1 del Código Penal, “No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración”, que deberá ejecutarse, por el artículo 3 de la misma norma, “en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”, que deberá dictarse, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1985, de 17 de diciembre, “sobre la base de una actividad probatoria que pueda estimarse de cargo, pues sólo la existencia de esta actividad probatoria de cargo, puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia que beneficia a toda persona según el art. 24.2 de la Constitución”.

 

El Código Penal establece la pena de prisión permanente revisable, introducida en la normativa por una ley orgánica que no ha sido derogada ni declarada inconstitucional, para determinadas personas, entre las que se encuentran los autores de asesinatos en los que la víctima es menor de dieciséis años de edad o una persona especialmente vulnerable, los autores de asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual sobre la misma víctima, los asesinatos cometidos por quien pertenezca a un grupo u organización criminal, los autores de la muerte de dos o más personas, los autores de homicidio contra el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias, los autores de homicidio contra jefes de Estado extranjeros, los autores de ciertos delitos de genocidio y los autores de ciertos delitos de lesa humanidad.

 

La pena de prisión permanente revisable, cuando se aplica, se impone precisamente porque es una sanción que constituye la legítima consecuencia por la comisión de crímenes muy graves y, cuando es un órgano jurisdiccional el que impone un castigo conforme a la ley penal, no se puede hablar de venganza, que se debe definir como aquel acto retributivo realizado por un particular. La Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2000, de 10 de mayo, indica que “el particular no tiene un derecho fundamental constitucionalmente protegido a la condena penal de otra persona (SSTC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 4; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 177/1996, de 11 de n oviembre, FJ 11; 199/1996, de 3 de diciembre, FJ 5; 41/1997, de 10 de marzo, FJ 7; 74/1997, de 21 de abril, FJ 5; 116/1997, de 23 de junio, FJ 5; 218/1997, de 4 de diciembre, FJ 2; 67/1998, de 18 de marzo, FJ 2; 138/1999, de 22 de julio, FJ 5); sino que a la víctima del delito le asiste el ius ut procedatur, es decir, el derecho a poner en marcha un proceso, sustanciado de conformidad con las reglas del proceso justo, en el que obtener una respuesta razonable y fundada en Derecho (por todas STC 218/1997, FJ 2, en sentido similar 41/1997, FJ 5)”.

 

Parece difícil dudar de la necesidad de la prisión permanente revisable y resulta sencillo deducir que muchos de los que critican la pena más grave del catálogo de sanciones del Código Penal no la rechazarían para un Estado que se ajustara más a otros postulados ideológicos.