Conforme al artículo 31 bis del Código Penal, en los supuestos expresamente previstos en la normativa aplicable, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, y también de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el anteriormente, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. La responsabilidad penal de la persona jurídica se excluirá en aquellos casos en los que la persona jurídica haya implantado y ejecutado con eficacia programas de prevención de los delitos que puedan cometerse por actos vinculados con la organización, debiendo cumplirse todos los deberes de vigilancia y control que resulten indispensables, como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, al indicar que “el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa, sobre la previa constatación de la comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización”, siendo un elemento determinante “la ausencia de una cultura de respeto al Derecho”.

 

Una de las cuestiones más polémicas es la que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores, que se encuentran regulados en los artículos 311 a 318 del Código Penal y que tienen una regla específica de atribución de la responsabilidad penal en el artículo 318 de la norma, que establece que “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello”, concretando que “En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”. La Sentencia del Tribunal Supremo 121/2017, de 23 de febrero, analiza la cuestión e indica que la entidad interviniente “no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31 bis CP”, ya que “El art. 318 no se remite al art. 31 bis” y establece “la atribución de la pena en tales casos a los administradores y que quepa imponer alguna de las medidas del art. 129 CP a la persona jurídica”. La misma resolución indica que han sido muchas las críticas que ha recibido la configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por no extender la misma a la comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores.

 

Realmente, puede considerarse que se excluyó la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas por la ejecución de delitos contra los derechos de los trabajadores con la finalidad de evitar la destrucción de parte del tejido empresarial por la imposición de penas de disolución a las sociedades castigadas. De ese modo, no siendo aplicable una pena, se podrá fijar la adopción de las medidas del artículo 129 del Código Penal, que puede llegar a tener, para las sociedades con trabajadores a su servicio, los mismos efectos que las penas que se podrían imponer por la comisión de hechos delictivos a los que se refiere el artículo 31 bis del Código Penal.