Hay algunas apreciaciones que deben tenerse en cuenta a los efectos de analizar el derecho al cargo de presidente de la Generalitat que tiene Carles Puigdemont, ahora fugado para evitar el juicio de la Causa especial 20907/2017, desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sentencia del Tribunal Constitucional 139/2018, de 17 de diciembre, el derecho a participar en los asuntos públicos, regulado como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución, implica “que podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 CE, reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren [STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5, y las allí citadas, así como las SSTC 107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B) a), y 108/2016, de 7 de junio, FJ 4 B) a)]”. De esa afirmación se puede deducir que, en los casos en los que exista una conducta ilegal por parte de la persona afectada que se ha visto privada del ejercicio de sus funciones públicas, no se podrá hablar de la vulneración del derecho a ocupar un cargo público.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 653/2019, de 21 de mayo, ha resuelto el asunto relativo al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Carles Puigdemont contra el Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del dirigente. La resolución analiza la petición de Carles Puigdemont y desestima su pretensión por considerarla ilegítima. La argumentación de la sentencia se construye sobre varias afirmaciones interesantes y llega a indicar que “el derecho a la permanencia en el cargo y ejercerlo sólo existe y se respeta en la medida en que quien lo ejerce respeta, a su vez, su identidad jurídico-constitucional, único marco en el que tal derecho fundamental pueden decirse a su vez reconocidos y garantizados por el ordenamiento y en el que son, por tanto, lisa y llanamente, derechos”, pues “Si el demandante como Presidente de la Generalitat dejó de actuar desde la lógica y desde las exigencias de sus competencias y de su posición constitucional, estatutaria y legal, y desnaturalizó y devaluó su estatus constitucional y estatutario, habrá que concluir que al ser el artículo 23.2 de la Constitución un derecho de configuración legal, forma parte de tal configuración su no exclusión de la aplicabilidad del artículo 155 de la Constitución, luego de lo que haya de razonable en una aplicación proporcional y justificada de la potestad de intervención y coerción que se atribuye al Estado”.

 

Carles Puigdemont no se cansa se hablar de la vulneración de sus derechos cuando, por sus actuaciones como presidente de la Generalitat de Cataluña, se han promovido atentados contra la integridad física y moral de muchos ciudadanos y vulneraciones del derecho a la libertad ideológica de todos aquellos que no asumen los postulados independentistas en el territorio catalán. Esa falta de coherencia es fácilmente apreciable por aquellos que defienden la democracia y difícilmente perceptible por los que, con conocimiento o sin él, prefieren apoyar conductas dictatoriales en Cataluña por las que se castiga al que no apoya el proceso de secesión por el que, desde una parte de las instituciones catalanas, se ha intentado derribar al Estado español.