El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, afirmó que “estamos ante una causa general y prospectiva con vulneraciones de derechos que hacen sonrojar”, ya que “la causa ha supuesto una derogación absoluta de los derechos políticos”. Esa declaración se produjo en la primera sesión del juicio oral que se está desarrollando por hechos que pueden constituir varios delitos, entre los que destaca el de rebelión.

 

Es gracioso que haya secesionistas que aleguen la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas cuando ellos mismos han procurado infringir la Constitución y atentar contra aquellos que, en Cataluña, no se adhirieron a los postulados independentistas. Sin embargo, es algo que podía esperarse por resultar previsible, pues los líderes secesionistas son verdaderos expertos en aprovecharse, cuando les conviene, de aquellas normas españolas que, con anterioridad, han incumplido clara y notoriamente, ya que, de esa manera, pueden atacar al Estado.

 

La estrategia de Andreu Van Den Eynde es cuestionar, dentro del proceso penal dirigido contra sus dos clientes y contra otros líderes secesionistas, la actuación del Estado en la cuestión del independentismo catalán. Para ello, aprovecha las ideas de Jacques Vergès, que creó la estrategia procesal de ruptura. Este jurista francés, conocido como el “abogado del terror”, hizo la distinción entre los procesos de connivencia y los procesos de ruptura, indicando que, mientras los primeros son aquellos en los que el acusado se somete a la autoridad del Estado que le juzga, los segundos son aquellos en los que el acusado decide no reconocer la legitimidad del Estado que le está enjuiciando, invirtiendo las reglas del debate para acusar al mismo Estado por aquellos actos ilícitos o inmorales que se han ejecutado por sus agentes de modo que se consiga generar un debate público en torno al proceso, que termina sirviendo para juzgar, indirectamente, al propio Estado.

 

El Tribunal Supremo tendrá que esperar a que acabe el circo del juicio oral para dictar una sentencia que, lamentablemente, terminará siendo estudiada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que, lamentablemente, ya se puede esperar cualquier cosa tras algunas sentencias que dictó para condenar a España con una fundamentación débil e inspirada en indicios carentes de contundencia.