Nadie quiere ser empresario, o emprendedor, como se dice ahora, en esa huida vergonzosa y vergonzante de la condición de empresario. Como si ser empresario fuese algo malo.

 Y no me extraña, pues la consideración social del empresario oscila entre la de ser un explotador, cuando las cosas le van bien, o la de estafador, si no puede hacer frente a sus obligaciones, como les sucede hoy en día a millares de personas honradas, que están al frente de empresas ruinosas, que no consiguen cobrar de sus deudores, o que ven como las ventas se derrumban, o es imposible negociar un convenio colectivo con unos sindicatos que viven en el siglo XIX…, o las tres cosas a la vez.

Para “solucionar” esta falta de iniciativas, de emprendedores, de futuros empresarios, que crean riqueza y puestos de trabajo, al gobierno no se le ha ocurrido otra brillante idea que criminalizar al empresariado, ampliando el plazo de prescripción de los delitos contra la seguridad social, y las omnímodas facultades recaudatorias de la agencia tributaria. Así sucede con el Anteproyecto de Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, y el anuncio de la señora Ministra de Trabajo, perdón, quiero decir del paro, de reformar el Código Penal para ampliar a diez años el plazo de prescripción de los delitos contra la seguridad social. ¿No han pensado en el efecto disuasorio que estas medidas tendrán en la creación de nuevas empresas?

Recuerdo mi época de Graduado Social, hace unos treinta años, y como los papeleos eran mínimos, y ello a pesar de no existir prácticamente la informática, y tener que hacer toda la tramitación en soporte papel. Era relativamente fácil dar de alta –y de baja- una empresa, tanto laboral y en seguridad social como ante Hacienda.

Hace unos meses di de alta una pequeña empresa, con un solo trabajador, y fue lamentable la cantidad de documentos que hubo que aportar, fotocopias de escrituras, declaraciones e impresos a cumplimentar, en fin, la Biblia en verso. La verdad es que ganas me dieron de no seguir adelante con el empeño.

Pero lo peor vendría después…

Tras ejercer la actividad correspondiente durante algunos meses, su titular quiso darla de baja, tras haber pagado religiosamente todos los impuestos habidos y por haber, precisamente por el escaso rendimiento del “negocio”, que más que un negocio era una ruina…

Pues bien, hubo que repetir toda la tramitación, y no sólo eso, sino que al no disolverla, para lo cual hay que volver a pagar al notario, registro mercantil, etc., ante la posibilidad de reanudar la actividad en los tres años siguientes –como permite la ley de sociedades limitadas-,  la Agencia Tributaria no paró de enviarle sanciones a la persona que figuraba como administradora por no presentar no sé qué modelo anual de actividad, cuando sabían perfectamente que la empresa no había tenido ninguna actividad durante los tres últimos años, pues se dio de baja en el pago de todos y cada uno de los impuestos…

Pero se trata de recaudar, a cualquier precio, y, de paso, atemorizar a los empresarios, presentes y futuros.

En fin, termino ya. El PSOE está haciendo exactamente lo mismo que hacía el PP: perseguir a los empresarios, sin distinguir entre justos y pecadores.

Es obvio que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria necesitan –a toda prisa- un ERE, pues sobran empleados para tan poca actividad económica como hay actualmente en España.

Y que dejen en paz a las personas honradas, y se dediquen a perseguir a los auténticos defraudadores, que tienen buena parte de su dinero en el extranjero, para escapar al sistema impositivo español, que es auténticamente confiscatorio.