El Juzgado de Instrucción nº 3 de El Vendrell ha dictado un auto de sobreseimiento provisional para concluir el proceso penal que se inició contra unas cuarenta personas, entre las que había 29 agentes y mandos de los Mossos d'Esquadra, responsables de centros de salud y de centros educativos, por la posible comisión de delitos el día 1 de octubre de 2017 en varios municipios en los que se desarrolló la votación ilegal. Las explicación se encuentra en la imposibilidad de continuar, “dado que el propio Ministerio Fiscal solicita el archivo ya en esta fase de procedimiento” y, para proseguir con las actuaciones, se requiere que haya una parte que solicite la apertura del juicio oral, conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el juez.

 

Especialmente llamativa es la inacción del Ministerio Fiscal frente a los Mossos d´Esquadra. El auto establece que “se conocía que algunos centros ya estaban ocupados desde el viernes 29 de septiembre, y es absolutamente incomprensible que no se pusiera remedio a ello procediendo a su cierre”, existiendo, por la actuación de los agentes de los Mossos, ”un indicio claro de la responsabilidad que tuvieron los mandos del operativo policial ese día, mandos experimentados en distintas operaciones policiales de los cuales no se les puede admitir por tanto como error involuntario o por falta de experiencia la de enviar a los agentes en algunos casos incluso más de una hora y media más tarde”. La resolución judicial, por esos motivos, critica la actuación de la Fiscalía señalando que “no puede el Ministerio Fiscal contradecirse de esa manera tan directa, defender un despliegue insuficiente y a su vez considerar de manera contradictoria que ha habido una actuación correcta” y pedir el sobreseimiento argumentando que “ya se está investigando la actuación de los mandos superiores en la Audiencia Nacional, situación que ese Ministerio Público debe saber que no es incompatible con la determinación de si en este caso específico hubo o no desobediencia por aquellos que actuaron en este partido judicial considerando los hechos concretos”.

 

Hay que tener presente que el artículo 782.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción, a falta de ofendidos o perjudicados conocidos, podrá remitir la causa al superior jerárquico del fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez días. Según ha podido saberse, los fiscales superiores ratificaron la posición del fiscal encargado del asunto y, de manera extraña, la juez que llevaba la investigación del caso decidió regañar al Ministerio Fiscal con un auto dictado a falta de pocos días para la celebración de las elecciones generales.

 

La decisión adoptada por los fiscales que han estudiado los hechos resulta extraña, pero más rara es la forma de obrar en el Juzgado de Instrucción nº 3 en El Vendrell, que debería haber dictado el auto de sobreseimiento hace varias semanas sin desear lograr una mayor repercusión mediática con su resolución.