El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, que se hizo pública el pasado día 16 de octubre, por la que determina que la prisión provisional genera el derecho a indemnización “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. La resolución es muy relevante porque interpreta la nueva regulación fijada por el Tribunal Constitucional al artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue declarado parcialmente inconstitucional en lo referido al derecho a indemnización para los presos preventivos que sean absueltos, dotando de cierta coherencia a la normativa aplicable a la materia, sobre la que podían suscitarse algunas dudas.

Hay que tener presente que el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determinaba que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2019 resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por el Pleno respecto a los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y declaró la nulidad de los mismos por vulnerar los artículos 14 y 24.2 de la Constitución porque considera que “circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 de la LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho”, de manera que, actualmente, el precepto impugnado establece que “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”. Dicho lo anterior, quedaba una cuestión por comentar y se analizó finalmente.

 

El Tribunal Constitucional acabó su Sentencia de 19 de junio de 2019 afirmando que “los presupuestos y el alcance de la indemnización prevista en el art. 294.1 LOPJ habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y, en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría general de la responsabilidad civil que realicen la Administración y, en último término, los órganos judiciales”. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha indicado que “aunque el Tribunal Constitucional difiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención <>, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización”, destacando que “los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso del delito imputado”, de manera que cualquier preso preventivo absuelto tendrá derecho a percibir una indemnización por una regla que deberá tenerse en consideración para adoptar la prisión provisional de una forma equilibrada y proporcionada.