El Tribunal Supremo ha declarado que los acusados en la causa contra los dirigentes secesionistas que han sido elegidos parlamentarios, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva, pueden salir del establecimiento penitenciario para acudir a los actos de constitución del Congreso y del Senado. Sin embargo, ha señalado que no procede suspender el juicio para solicitar un suplicatorio que sirva para confirmar la situación procesal de los acusados que han resultado elegidos como parlamentarios.

 

Hay que tener presente que el razonamiento del Tribunal Supremo se basa en una idea. Concretamente, la resolución establece que “Carece de justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario” y que “No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador -si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral- imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”.

 

El artículo 71.2 de la Constitución indica que durante el período de su mandato, los diputados y senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En relación con esa regla, el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “El Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieren abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenezca”, estableciéndose en el artículo 118 bis de la misma norma que cuando se impute un acto punible contra un Diputado o Senador, “podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española”. De esos dos preceptos se deduce que la autorización de las Cortes Generales solo será necesaria para comenzar a investigar a un parlamentario estatal en el inicio de las actuaciones instructoras que se realicen contra él, de manera que se garantice la protección, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 90/1985, de 22 de julio, frente a la amenaza de que “ de que la vía penal sea utilizada con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”. De ese modo, se utiliza el suplicatorio con un sentido institucional, como confirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 124/2001, de 4 de junio, que indica que “En este sentido institucional de la prerrogativa, único susceptible de preservar su legitimidad, insistió la tan mencionada STC 206/1992, de 27 de noviembre, al declarar que dicha prerrogativa no había sido establecida por el constituyente “para generar zonas inmunes al imperio de la Ley”, así como que quedaría desnaturalizada como prerrogativa institucional “si quedase a merced del puro juego del respectivo peso de las fracciones parlamentarias”, reiterando, una vez más, que responde “al interés superior de la representación nacional de no verse alterada ni perturbada, ni en su composición, ni en su funcionamiento, por eventuales procesos penales que puedan incoarse frente a sus miembros, por actos producidos tanto antes como durante su mandato, en la medida en que de dichos procesamientos o inculpaciones pueda resultar la imposibilidad de un parlamentario de cumplir efectivamente sus funciones” (FJ 3)”.

 

Los líderes independentistas acusados ante el Tribunal Supremo pretendían utilizar el suplicatorio de las autorizaciones del Congreso y del Senado con manifiesto abuso de derecho y mala fe procesal para lograr la suspensión del proceso. De esa manera han intentado, una vez más, manipular forzosamente las normas que pueden aprovechar en su beneficio para evitar las consecuencias del incumplimiento de las reglas que no les gustan.