El Ministerio Fiscal cometió el error de no solicitar la declaración de Josep Lluís Trapero como testigo por los eventos que han provocado el juicio a los secesionistas y Vox acertó al pedirla, pero falló al no hacer una pregunta clave para aclarar el contenido de las reuniones de los días 26 y 28 de septiembre de 2017, ya que los sucesos sobre los que se puede preguntar en el juicio a los testigos depende de las cuestiones dirigidas por la parte que solicitó la comparecencia de los mismos, quedando, por el lío entre unos y otros, la pregunta sin resolver, que no podía plantearse por el Ministerio Fiscal al no haberse comentado por el interrogatorio de Vox. Sin embargo, Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, pidió la comparecencia de Josep Lluís Trapero y llegó a plantear preguntas sobre las reuniones. Finalmente, Manuel Marchena, antes de cerrar la sesión, afirmó: “Mire, señor Trapero, antes de marcharse, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 708 en su párrafo segundo, dice textualmente que el presidente por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre que se declaren”. A continuación, lanzó la pregunta que todos los acusadores deberían haber hecho en el caso de obrar acertadamente: “¿Qué preocupación motiva que usted convoque esa reunión? ¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene?”. La contestación de Josep Lluís Trapero dejó varias declaraciones para la posteridad: “Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad”, “les dijimos que evidentemente la íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros”, y “les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad ni la Constitución”.

 

Efectivamente, el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren. Hay que tener presente el problema de interpretación que se puede plantear con el precepto, cuya redacción es de 1882, pues es cierto que debe aplicarse restrictivamente, entendiendo que el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere a una facultad del presidente del tribunal para solicitar aclaraciones sobre los hechos a los que se ha referido la declaración del testigo, de manera que no se le pueden plantear cuestiones sobre eventos no relacionados con las preguntas hechas por las partes.

 

Hay numerosas sentencias sobre el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1994 explica el precepto indicando que “ha de recordarse que, conforme autoriza el art. 708, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren”, de modo que, “no tratándose de incorporar nuevos presupuestos fácticos sino de abundar en el esclarecimiento y precisión de los hechos nucleares objeto del debate, el Presidente, en afán de depurar los mismos, podrá efectuar preguntas, complementarias en cierto modo de las formuladas por las partes, al objeto de una mejor y más real configuración del acaecer histórico, sin que ello pueda interpretarse como una vulneración de la imparcialidad que ha de presidir al Tribunal ni atentado alguno al principio acusatorio que gobierna el proceso penal”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2000, de 10 de julio, fija límites a la facultad del juez para preguntar al testigo al establecer que “la iniciativa probatoria de oficio, la garantía de la imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta”, siendo necesario señalar que, según las resoluciones contenidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 229/2003, de 18 de diciembre, “para determinar si en el ejercicio de la antedicha facultad de propuesta probatoria el Juez ha ultrapasado los límites del principio acusatorio, con quiebra de la imparcialidad judicial y, eventualmente, del derecho de defensa, es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso concreto”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2015 destaca que la vigencia del principio acusatorio “configura un órgano jurisdiccional imparcial ante un conflicto entre la acusación y la defensa, de manera que el órgano judicial no puede sustituir a las partes, sino presidir el debate y recepcionar la prueba que éstas han presentado” para continuar afirmando que “la jurisprudencia de esta Sala, en interpretación de las exigencias del principio acusatorio haya propiciado una interpretación muy restringida de instituciones, como el planteamiento de la tesis del art. 733, o la aportación de testigos por el tribunal del art. 729, con la finalidad de apuntalar la imparcialidad del tribunal, y al tiempo, asegurar la efectividad del derecho de defensa frente a imputaciones, o acreditaciones que el tribunal enjuiciador realice de hechos sometidos a su enjuiciamiento y respecto a los que se forma una convicción de la que no puede defenderse, al haber sido aportada al tribunal por el propio órgano de enjuiciar” y que, por eso, “el art. 708 de la Ley procesal y el 46 de la LOTJ han de ser interpretados de manera armónica con el principio acusatorio, esto es, su utilización ha de ser excepcional y referida a extremos sobre los que los testigos, peritos o imputados hayan declarado a las preguntas de las partes en el proceso, en relación con hechos aportados por ellas”, ya que así se corresponde con “las exigencias del principio acusatorio y del tenor literal del art. 708 de la Ley procesal al referir la posibilidad de interrogatorio del Presidente a "los hechos sobre los que declaren", es decir, como complemento a lo ya declarado (no a hechos nuevos no aportados por las acusaciones)”.

 

Manuel Marchena actuó con acierto y astucia al preguntar por la finalidad y por el contenido de las reuniones de Josep Lluís Trapero con los miembros del Gobierno catalán que se celebraron los días 26 y 28 de septiembre de 2017, pues lo hablado en las mismas podía servir para valorar distintos aspectos jurídicos vinculados con la violencia, como la atribución de los eventos del día 1 de octubre de 2017 a Carles Puigdemont y a sus colegas y el conocimiento que ellos podían tener sobre la probabilidad de que hubiera violencia, que supone la existencia de dolo eventual sobre la misma que permita justificar una condena por el delito de rebelión.

 

A la luz de los acontecimientos, el Ministerio Fiscal y Vox deberían plantearse la posibilidad de colaborar adecuadamente para vislumbrar las preguntas y determinar las estrategias más efectivas a los efectos de probar los delitos por los que acusan a los líderes secesionistas, a menos que quieran seguir dependiendo de la suerte en lo que a algunos aspectos del proceso se refiere.