Enoch Alberti Rovira, un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona que formó parte del consejo asesor para la transición nacional que impulsó Artur Mas, cuando era presidente de la Generalitat en 2013, para elaborar el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, ha comparecido como testigo en el juicio por los actos de los líderes independentistas catalanes. Cuando el abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha preguntado si en ese documento se recoge un plan estratégico para los secesionistas catalanes, Enoch Alberti Rovira ha comenzado a contestar exponiendo el contenido teórico del derecho de autodeterminación de Cataluña, provocando el enfado de Manuel Marchena, que llegó a afirmar que “no podemos permitir que el juicio se convierta en una lección de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación”, pues ello “es un insulto para los miembros del tribunal”. Además, el magistrado señaló al abogado Benet Salellas que “si ahora el testigo hace una disertación académica sobre los contenidos y la dimensión del derecho de autodeterminación, usted está convirtiendo al profesor en un perito jurídico”, pues el abogado “sabe que nuestro sistema no permite el peritaje jurídico”.

 

Manuel Marchena realizó sus afirmaciones de una manera adecuada ajustándose a la normativa procesal penal. El artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que “El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos”, deduciéndose de la legislación procesal que el dictamen pericial se utilizará cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, deduciéndose fácilmente que el peritaje solo puede referirse a cuestiones fácticas, quedando excluido el peritaje sobre cuestiones jurídicas, pues, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1981, “los Tribunales no quedan vinculados por la calificación de las partes, sino que, conforme a los principios generales iura novit curia y daha mihi factum dabo tibi ius, a los mismos corresponde hacer la calificación de los hechos que estimen procedente” conforme a sus conocimientos jurídicos.

 

No son pocos los abusos cometidos por los abogados de algunos de los acusados, que están retorciendo y manipulando, a su manera, los trámites del juicio oral para ridiculizar a España y acreditar la existencia de un derecho a la autodeterminación para Cataluña que no se encuentra establecido en la Constitución, pues, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, “El reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional”, que habla de la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.