Se ha podido saber por varios medios de comunicación que Agustín Martínez Becerra, el abogado de la manada de Pamplona, iba a participar como ponente en un curso de verano de la Universidad de Cádiz. Sin embargo, no llegó a realizar su intervención porque el rector de esa misma universidad pública, que debería ser un punto de encuentro del conocimiento para todos los que tengan algo que aportar al desarrollo social, prohibió que el letrado pudiera hablar ante los asistentes al mencionado curso. En un primer momento se pensó que la censura se había aplicado por el Ministerio de Cultura, pues el ministro de ese ramo iba a participar como ponente en otro curso de la misma universidad, pero finalmente se desechó esa posibilidad por declaraciones emitidas por representantes del Gobierno y por un correo electrónico que recoge el veto que se filtró a la prensa.

 

Los jóvenes que conforman la manada de Pamplona fueron condenados, mediante la Sentencia del Tribunal Supremo 344/2019, a una pena de 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. Sin embargo, Agustín Martínez Becerra no participó en los hechos y no fue condenado, de manera que carece de sentido que, en un Estado de Derecho se censure al letrado por haber realizado su trabajo de la mejor forma posible para luchar por la absolución de sus clientes, que tenían derecho a un proceso con todas las garantías en el momento en el que se iniciaron las actuaciones jurisdiccionales penales contra ellos.

 

La importancia de los abogados se puede comprobar fácilmente observando el artículo 24 de la Constitución, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esos preceptos reconocen el derecho a la asistencia de letrado para garantizar la eficacia de la defensa de los intereses propios en juicio.

 

El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, establece en su Exposición de Motivos que “El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la calidad de la Justicia” concretando la norma en su artículo 1 que “La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia”. Además, es necesario decir que el artículo 30 del Estatuto indica que “El deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados” y que “En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada”.