Con la obtención por parte de Vox en las elecciones generales celebradas el pasado día 10 de noviembre de 52 diputados, el partido de Santiago Abascal ha adquirido una gran relevancia jurídica para el sistema constitucional. La razón es simple, pues Vox podrá programar e interponer recursos de inconstitucionalidad conforme a lo indicado en los artículos 161 y 162 de la Constitución, que se encuentran desarrollados en los artículo 31 a 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Además, los parlamentarios de Vox podrán interponer el recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía.

 

Hay que tener presente que el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley podrá promoverse dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado por cualquiera de los sujetos legitimados, entre los que se encuentran cincuenta diputados, con los que precisamente podrá contar Vox para impugnar normas legales cuyo contenido pueda considerar contrario a la Constitución. Cuando se admite a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una ley o disposición con fuerza de ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas, siendo cierto que la personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal Constitucional dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, debería exceder de treinta días según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aunque es habitual encontrarse con sentencias de procesos sobre constitucionalidad de normas legales que se dictan años después de haberse interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.

 

Que los diputados de Vox puedan presentar el recurso de inconstitucionalidad va a dotar a la formación política de una mayor visibilidad mediática y de una mayor incidencia en la configuración del ordenamiento jurídico, aunque es cierto que el recurso de inconstitucionalidad no es un mecanismo lo suficientemente efectivo, como se ha podido comprobar en numerosas ocasiones. Sin embargo, es cierto que Vox podría conseguir frenar la tramitación de los proyectos de Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, mediante el recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía, pues los textos que pretenden formular los partidos políticos nacionalistas en ambas Comunidades Autónomas van a contener numerosos preceptos cuya constitucionalidad va a ser muy dudosa.