¿Quién prestaría dinero sabiendo que no lo podrá recuperar? Probablemente, alguien que sea responsable y actúe racionalmente preferirá no ceder una cantidad de dinero a otra persona si las posibilidades de ver la restitución del mismo y el pago de los intereses pactados son escasas o inexistentes.

 

Es cierto que, en muchos casos, no es sencillo determinar si la parte que recibe el dinero en concepto de préstamo será solvente y podrá pagar la cantidad correspondiente en el momento en el que la deuda sea exigible. Por ese motivo, para favorecer al prestamista y fomentar la cesión de capitales para promover la inversión se necesita articular instrumentos y mecanismos que garanticen un adecuado grado de protección para los acreedores, que, en el caso de sentirse tutelados debidamente por el ordenamiento jurídico, serán más propensos a otorgar préstamos que no se podrán entender, a primera vista, como realizados a fondo perdido. Este razonamiento se pueda extrapolar a cualquier acto de naturaleza privada que se desarrolle en el mercado.

 

El correcto desarrollo de la actividad económica depende de varios factores, pero entre ellos destaca la debida protección del derecho de crédito, que, según la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº5 de A Coruña 73/2018, de 14 de mayo, “es equivalente al derecho que uno tiene a recibir de otro alguna cosa”. Obviamente, si el ordenamiento jurídico y los poderes públicos aseguran un elevado grado de tutela a los acreedores con garantías, no les importará establecer obligaciones en la medida en que tendrán la sensación de que la otra parte cumplirá las suyas voluntaria o forzosamente.