Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, la joven que fue asesinada y cuyo cadáver se encontró tras estar más de un año desaparecida, presentó el pasado día 21 de marzo en el Congreso 3.200.000 firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable, pudiendo destacarse que la mayor parte de las firmas se recogió por la plataforma change.org, correspondiendo 400.000 a una recogida presencial. Él impulsó la campaña porque considera “necesaria” porque garantiza “protección”, llegando a afirmar que “la prisión permanente revisable es una pena necesaria, por eso está vigente en los países más avanzados de Europa, y es una garantía que protege a la mujer y a nuestras jóvenes frente a delincuentes, violadores y asesinos que son puestos en libertad sin estar rehabilitados de forma efectiva”, y ahora pretende reunirse con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para que, antes de la celebración de las elecciones generales del próximo día 28 de abril, “testimonien a la sociedad cuál es su posición de verdad y legislen de acuerdo con esta legitima petición de los ciudadanos”.

 

Se ha podido contrastar que son muchos los que entienden que la prisión permanente revisable debe estar en el Código Penal, ya que esa pena garantiza que los sujetos más peligrosos y con escaso margen de reinserción social puedan estar mejor controlados mientras no se reeduquen debidamente, ya que el artículo 92 del Código Penal establece que el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo, siempre que se encuentre clasificado en tercer grado y que, por sus circunstancias, se pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social del penado. El problema es que esa pena se ha convertido en objeto de debate político y, por ese motivo, los partidos políticos están intentando instrumentalizar todo lo que se refiere a su modificación, mantenimiento o derogación en función de sus intereses y del perfil de votante al que quieren atraer.

 

Como correctamente afirma Juan Carlos Quer, el PSOE no ha impulsado la derogación de la prisión permanente revisable durante los últimos meses aprovechando el control del Gobierno y la ayuda parlamentarioaque tenía para expulsarla del ordenamiento jurídico por el “el apoyo masivo” a su existencia, pues son muchos los que defienden la existencia de la prisión permanente revisable y quería evitarse una reforma legislativa que pudiera suponer una pérdida de votos. Sin embargo, si el PSOE consigue los acuerdos parlamentarios necesarios tras las próximas elecciones generales, derogará la prisión permanente revisable con la tranquilidad que da saber que determinadas decisiones políticas y muchas reformas legislativas se olvidan prontamente y con anterioridad a las siguientes elecciones generales.