La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó incoar diligencias informativas para determinar si en los juzgados y tribunales de Cataluña se han producido accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte de la Generalitat después de que en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa Comunidad Autónoma apareciera un mensaje sobre la “vigencia y aplicabilidad” de la Instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a los elementos que conforman las TIC al servicio de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de “control y seguimiento”.

Teniendo presente como está la situación en el presente momento y como funciona la estructura orgánica en cuanto a medios personales y materiales en Cataluña, que depende de la Comunidad Autónoma, no sería extraño que la propia Generalitat hubiera espiado a los jueces en su territorio. Algo similar ocurrió en Aragón, pues, en esa Comunidad, el Gobierno grabó, mediante un sistema independiente, las vistas sin que lo supieran aquellos que trabajan en juzgados y tribunales en su territorio.

Ciertamente, puede haberse cometido un delito de descubrimiento de secretos del artículo 197 del Código Penal contra los jueces en Cataluña, pero no se podrá sancionar, en el caso de haberse ejecutado el hecho, a la Generalitat, en la medida en que no lo permite el artículo 31 quater de la misma norma, siendo cierto que habrá que ir contra aquellas personas que hayan organizado y ejecutado la interceptación de los equipos informáticos. Sin embargo, no será sencillo resolver el caso, aunque pueda ser muy fácil pensar en el cerebro de la trama y en el riesgo que ha creado para todo el sistema.