La retransmisión en abierto de los juicios penales está comenzando a comentarse como una opción viable y deseable. El juicio por la Causa especial 20907/2017, iniciada por los actos de obstrucción al cumplimiento de la Constitución, se ha difundido por Internet conforme a lo establecido por el Auto del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2019. Esa resolución indica que la Sala II “ha acordado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web”, destacando que “La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo” y que “No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming” para lograr “una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario”.

 

Ahora se ha planteado la posibilidad de retransmitir el juicio de los discos duros de Luis Bárcenas. El PP y el Ministerio Fiscal se han opuesto a la retransmisión de este último proceso alegando que la difusión afectaría negativamente al honor de los acusados, entre los que se encuentra el partido político de Pablo Casado, habiendo obtenido con éxito la estimación de su solicitud.

 

La actitud de los representantes del PP demuestra que los dirigentes políticos temen más el proceso penal por la imagen que puede dar de ellos que por las consecuencias sancionadoras que se pueden derivar de la sentencia que se dicte para la terminación de los trámites. Este hecho no resulta extraño teniendo presente que parece sentirse más respeto o más temor por la opinión pública que por los jueces y tribunales.

 

Ciertamente, habría que comenzar a pensar en retransmitir todos los juicios penales en los que estuvieran implicados dirigentes públicos o partidos políticos, con independencia de las siglas. De ese modo, se garantizaría la transparencia en esos procesos, que tienen una gran relevancia social, y se aseguraría un adecuado acceso a la información que podría evitar que se impulsen procesos paralelos, pues cualquiera tendría la opción de ver objetivamente cuál es el desarrollo de los trámites por los que el órgano jurisdiccional competente debe dictar sentencia conforme a las leyes y se restringiría mucho la posibilidad de manipular datos sobre las actuaciones procesales que, en muchos casos, se presentan de manera alterada con la intención de perjudicar la imagen pública de uno o varios sujetos.