La revuelta de la jacquerie

En el año 1323 estalló en Flandes una revuelta campesina a la que se unieron los gremios de bataneros y tejedores en Brujas e Ypres. Las causas de la sublevación eran el rechazo a los impuestos condales y al pago del diezmo. Aunque las causas de las revueltas campesinas en la Edad Media son complejas, ya que contribuyen las malas cosechas, el alza de los precios o el descontento con el comportamiento señorial…, en casi todas ellas el aumento de la presión fiscal aparece de manera recurrente como desencadenante. La revuelta de la jacquerie en 1358, alzó a los artesanos y campesinos franceses, con motivo del incremento de los impuestos en plena guerra de los cien años. La revuelta de los ciompi trae causa en la insoportable fiscalidad que aguantaban artesanos textiles, vendedores ambulantes, cargadores y arrieros en la Florencia de 1378. La rebelión de Wat Tyler en la Gran Bretaña de 1381, nuevamente comienza con un motín anti-fiscal provocado por los nuevos gravámenes que se pretendía imponer a burgueses, artesanos y trabajadores libres. En España, la guerra de los Remences en Cataluña y Aragón o las revueltas Irmandiñas en Galicia, contienen un fuerte factor de descontento con los tributos y exacciones que se debían pagar a la nobleza.

Viene al caso este ligero repaso a las revueltas campesinas medievales para denunciar el aborregamiento adocenado que padece nuestra excelsa sociedad democrática. Sin rechistar aceptamos que una Ministra de Hacienda se atreva a denigrar a una región como Castilla y León por querer eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Nos tragamos que el mismo partido socialista que tolera e impulsa cualquier privilegio económico, o prebenda de otro tipo, exigidos por los separatistas catalanes y vascos, tenga la desfachatez de invocar la armonización fiscal para exigir el gravamen más alto para toda España en este tipo de impuestos. Nadie trata como un apestado el ex ministro Montoro, cuyo régimen de fiscalidad con los bienes en el extranjero, el famoso 720, ha sido calificado de atropello por la propia Comisión Europea. Los contribuyentes españoles tienen menos derechos y garantías ante la inspección fiscal de la Agencia Tributaria que cualquier delincuente ante nuestros tribunales penales, pero nadie se concentra ante las delegaciones de “Hacienda” para protestar. Hasta el nada sospechoso El País reconoce que España sufre una presión fiscal superior a la media de la OCDE, pero nos quedamos tan tranquilos sabiendo que pagamos un 8 % más de impuestos que la media del resto de europeos. Y eso sin entrar a analizar lo que recibimos a cambio de nuestro esfuerzo fiscal.

La verdad es que nos han amaestrado muy bien. Hemos asimilado que mantener los servicios públicos, la igualdad y la redistribución de la riqueza justifican cualquier medida fiscal impositiva, sin pararnos a pensar su proporcionalidad, su oportunidad o simple y llanamente, si de verdad satisfacen las necesidades públicas o en realidad sirven para mantener parásitos sociales, redes clientelares de los políticos o van a parar a las manos de auténticos sinvergüenzas, que, como en el caso de separatistas, usan el erario público en contra del interés común de los españoles.

Quizá los campesinos de la Edad Media padecían un estatuto jurídico que los reducía a la condición de siervos, pero nunca aceptaron mansamente la sumisión que los, se supone, emancipados españoles toleran hoy en día. Va siendo hora de reflexionar si con este régimen somos más vasallos que ciudadanos.