Vox presentó una proposición de ley, que, entre otras medidas, incluye la de proteger a los denunciantes de casos de corrupción y recompensarles con el abono de un 10% del dinero que se consiga recuperar por la operación correspondiente.

 

Ciertamente, el el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare. Sin embargo, la escasa cuantía de la multa por denunciar, que es de 15 céntimos a un euro y medio, y las nefastas consecuencias para los denunciantes que rodean los chivatazos suelen desincentivar cualquier denuncia por la que se pueda poner una gran trama de corrupción en conocimiento de las autoridades. Además, no son escasas las situaciones en las que una persona que puede denunciar delitos de cohecho, prevaricación o malversación de caudales públicos termina uniéndose al entramado corrupto a los efectos de obtener un provecho de una actividad que él mismo no va a poder combatir.

 

Resulta triste tener que aceptarlo, pero los ciudadanos tienden a actuar por interés. Por ello, adoptan sus decisiones atendiendo a los beneficios y a los perjuicios que puedan causar los actos en desarrollo de sus opciones, de manera que elegirán la posibilidad que le ocasione más beneficios o menos perjuicios. Si la denuncia de una trama corrupta va a llevar al ostracismo a un testigo, preferirá probablemente apuntarse al nepotismo, que hasta podría servirle para obtener frutos de los delitos que se estén cometiendo. Sin embargo, la obtención de una buena recompensa podrá ayudar a incentivar las denuncias, aunque, además de facilitar un premio, habrá que garantizar la protección del testigo de corrupción, pues, como precisamente indica el Considerando 32 del texto de la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, “La protección frente a represalias como medio de salvaguardar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación deberá otorgarse siempre tanto a las personas que notifican información sobre actos u omisiones en una organización (denuncia interna) o a una autoridad externa (denuncia externa) como a las personas que hacen pública dicha información (por ejemplo, directamente a través de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones empresariales o profesionales)”.