El pasado día 5 de noviembre, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, afirmó que el recurso de amparo es la vía a través de la que los ciudadanos perciben hoy sus derechos como “reales y efectivos”. Esta declaración se realizó durante la presentación de la obra “Memento Práctico del Recurso de Amparo (2020-2021)”, en la que también destacó la esencial protección que desarrolla el recurso de amparo valorando la superación de una fase estrictamente subjetiva, por el carácter netamente objetivo que la regulación de la reforma de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, hace en nuestro ordenamiento jurídico al introducir la trascendencia constitucional del recurso de amparo como criterio esencial a la hora de establecer su admisibilidad.

 

Diego Gómez Fernández indica, en su artículo titulado “A vueltas con el recurso de amparo y su objetividad”, que “aquello que el Presidente del TC considera como algo positivo de la regulación de la vía con la que los ciudadanos perciben hoy sus derechos como reales y efectivos que es la introducción del requisito de admisión de la especial transcendencia constitucional supone nada más y nada menos que el 72,18% de los motivos de inadmisión del recurso de amparo”, como se deduce de los datos estadísticos de la Memoria del Tribunal Constitucional de 2018, que señala que “de nuevo, tras la reforma de 2007, el Tribunal ha dictado más sentencias de control de leyes y de conflictos que resolviendo recursos de amparo: 87 en comparación con 55”.

 

Ciertamente, la Ley Orgánica 6/2007, que añadió a la regulación contenida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la necesidad de acreditar la especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo para lograr su admisión, no provocó una objetivización del mismo, causando, únicamente, la introducción de un elemento de carácter discrecional que permite al Tribunal Constitucional inadmitir recursos de amparo fácilmente señalando la carencia de importancia de muchos casos para el conjunto de aspectos interpetativos y aplicativos de los derechos fundamentales, algo muy relativo y dependiente de valoraciones condicionadas, principalmente, por la opinión de los magistrados.