La Sentencia del Tribunal Supremo 487/2019, de 15 de octubre, recoge una auténtica oda a la presunción de inocencia, reconocida como parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el artículo 24 de la Constitución. La resolución indicada deja sin efecto alguno la condena impuesta a una mujer por haber inducido o instigado a su hijo para que intentara matar a cinco personas, indicando que la resolución impugnada mediante el recurso de casación dedujo “la acción instigadora que se imputa a la recurrente de haber dirigido a las víctimas amenazas consistentes precisamente en los hechos de que luego fueron víctimas: su hijo incendiaría la vivienda cuando saliese de prisión” y señala que “El razonamiento de la Sala está lleno de lógica”, pero “no basta esa simetría entre la amenaza y lo acaecido para concluir que fue esta recurrente la que con sus propuestas hizo nacer en su hijo el propósito criminal”, pues “Hay hipótesis alternativas que no pueden descartarse con rotundidad y que gozan de un nivel similar de probabilidad”.

 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 263/2005, de 24 de octubre, la presunción de inocencia “se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos (entre otras, SSTC 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 2; y 56/2003, de 24 de marzo, FJ 5)”. Es posible condenar por indicios, pero hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 126/2006, de 24 de abril, determina que “hemos venido sosteniendo que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria -caracterizada por el hecho de que su objeto no es directamente el objeto final de la prueba, sino otro intermedio que permite llegar a éste a través de una regla de experiencia fundada en que usualmente la realización del hecho base comporta la de la consecuencia- puede sustentar un pronunciamiento de condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: a) los indicios se basen en hechos plenamente acreditados y no en meras sospechas, rumores o conjeturas, y b) que los hechos constitutivos del delito se deduzcan de los indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, detallado en la Sentencia condenatoria”.

 

Braulio García Jaén, en un artículo titulado “La doctrina que desafía a la lógica y absuelve a una mujer como inductora de 5 asesinatos” y publicado en El Confidencial, comenta la Sentencia del Tribunal Supremo 487/2019 afirmando que “el Supremo concluye, a contracorriente de esta época que todo lo fía al relato, que la deducción y la lógica que hicieron famoso a Sherlock Holmes no bastan”. El razonamiento de la resolución al alejarse de los protocolos deductivos es correcto y no desafía a la lógica, sino que se ajusta al sistema procesal penal partiendo de la presunción de inocencia y de las reglas de valoración de la prueba en el juicio, por las que solo se puede condenar a un acusado si hay total certeza sobre su culpabilidad en relación con la comisión del delito. Podría ser más sencillo aplicar el Derecho Penal a partir de la idea de que la sospecha basta para condenar, pero se pervertiría el proceso penal y se vería a mucha gente verdaderamente inocente siendo condenada.