El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha rechazado por unanimidad la demanda presentada contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament del día 9 de octubre de 2017, en el que Carles Puigdemont pretendía proclamar la independencia de Cataluña tras el referéndum del día 1 de octubre. La demanda fue presentada por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentista, que alegaron la vulneración de la libertad de expresión y de los derechos de libre asociación y reunión, señalando también la infracción del artículo 3 del protocolo adicional sobre el derecho a celebrar elecciones libres.

 

Hay que tener presente que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos implica un refuerzo de la legitimidad del Tribunal Constitucional y constituye un importante precedente para la resolución de una futura controversia por la sentencia condenatoria que podría dictar el Tribunal Supremo en la Causa especial 20907/2017. Resulta lógico, pues la resolución dictada por los jueces de Estrasburgo se fundamenta en que la suspensión se debió a una “necesidad social imperiosa” para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás en una sociedad democrática, señalando además que la convocatoria de la sesión suspendida suponía un “irrespeto manifiesto de las decisiones del Tribunal Constitucional del 7 y 12 de septiembre de 2017”, y, con la suspensión, “pretendía garantizar el respeto de sus propias decisiones, para preservar así el orden constitucional”.

 

Los secesionistas hablan sin cesar del derecho de autodeterminación de los catalanes, pero no han pensado en el quebranto de la Constitución que implica vulnerar los derechos de aquellos que, constituyendo la mayoría, no desean la independencia de Cataluña. Por ese mismo motivo, hay que actuar de manera implacable para garantizar la aplicación de la legislación, entendida como manifestación del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional.

 

Parece que el éxito de los secesionistas catalanes en Estrasburgo está más lejos que nunca. Aunque algunos abogados defensores del independentismo han alegado que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se debe a motivos de forma, lo cierto es que el problema se encuentra fundamentalmente en motivos de fondo relacionados con el ataque a la legalidad y a la democracia que supone el desafío secesionista para el Estado español.