El pasado día 26 de agosto, una joven llamada Layla Martínez publicó un comentario en Twitter en el que decía, literalmente, lo siguiente: “A mí me flipa ya de por sí haber normalizado algo tan violento como pagar un alquiler: yo, que tengo cero casas, tengo que pagar a alguien que tiene varias, en vez de que sea él el que tenga que pagar para equilibrar el reparto de la renta y asegurar la vivienda”. Esta chica no parece conocer el funcionamiento del sistema, que, aunque pueda considerarlo injusto ahora, le resultará adecuado cuando empiece a ganar algo de dinero.

 

Hay que tener presente que el contrato de arrendamiento de cosa ya existía en el Derecho Romano, al que se refiere Xavier O'Callaghan, en su obra Compendio de Derecho Civil, al indicar que “el uso de una cosa por un precio era la locatio conductio rei: una persona —locator— se obliga a ceder el uso y disfrute de una cosa a otra —conductor— a cambio de un precio. Ante la realidad de que el trabajo era ejecutado por los esclavos, que tenían la consideración de cosa y tenían el tratamiento de ésta, se llamó locatio al uso del trabajo como actividad o al uso del trabajo como resultado, por un precio; el primero es la locatio conductio operarum por el que una persona —locator— se obliga al desarrollo de una actividad (del esclavo o de sí mismo si es libre) a favor de otra —conductor— a cambio de un precio; el segundo es la locatio conductio operis por el que una persona —locator— se obliga a conseguir un resultado, para otra —conductor— a cambio de un precio”. El artículo 1543 del Código Civil recoge la concepción propia de ese contrato siguiendo el Derecho Romano al establecer que “En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”, siendo arrendador el que se obliga a ceder el uso de la cosa y arrendatario el lo adquiere. Precisamente, el arrendador deber ser el propietario de la cosa y, como tal, tendrá las facultades de disponer de la cosa para arrendarla por una renta cuyo abono corresponde al arrendatario, que, en el caso de los arrendamientos urbanos, será libremente pactada por las partes.