Mucho se ha hablado y mucho se sigue hablando de los famosos EREs andaluces, porque aparte de hablar y hablar no se observa acción legal alguna para penalizar bajo sentencia uno de los mayores fraudes y latrocinios cometidos por el andamio socialista en la Historia moderna de España.
Ha pasado tanto tiempo desde que alguien tiró de la manta que ya no es fácil ni cuantificar el total de las sumas - originalmente destinadas al auxilio de parados, cursillos de capacitación y otras labores asistenciales (a entidades de amiguetes de la Junta). Ya parecen haberse olvidado las juergas, las mariscadas, la cocaína, las putas y los enjuagues particulares pagados con el dinero que tanta falta hacía al desempleado o a la empresa en verdadera crisis.
Una jueza incorruptible fue apartada del caso, su substituta acaba de retirarse de la trama, y los encausados siguen en sus tertulias, bares y festorrios, riéndose de una Justicia que - en el caso de Andalucía y los EREs - bien se merece que la puteen a mansalva en su obvio intento de hacer que todo prescriba por el paso del tiempo y todos los jerifaltes socialistas puedan regresar de rositas a sus casas.  
 
Ah, pero algunos se preguntarán: ¿No ha cambiado el color político de la Junta? ¿No están auditando a sus antiguos dirigentes?  La respuesta correcta es un "sí, pero no". 
A guisa de ejemplo de cómo se están haciendo las cosas, nos ha llamado la atención el artículo de Stella Benot que publicaba ayer la edición sevillana de ABC. Un artículo que, sin atreverse a llamar al pan pan y al vino vino, denunciaba implícitamente la epastuflante caradura y desvergüenza de una agencia ex-socialista, como la AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES, ente de la administración paralela de la Consejería de Cultura - una agencia redundante como los centenares de ellas que todavía quedan en la Andalucía ex-socialista - que mantenía en nómina a un total de 483 trabajadores con un presupuesto de 24 millones de Euros de los que sólo uno (1) se destinaba a la gestión cultural con la que los socialistas pretendían justificarla. Manda cataplines.....

 

El consejero de la Presidencia y la consejera de Cultura intentaban explicar este lunes que la Agencia cuenta, en efecto, con 483 trabajadores que perciben 18 millones de Euros en nóminas, mientras que otros 5 millones se destinaban a gastos generales de funcionamiento y el millón restante a la promoción cultural que justificaría su existencia. Al parecer, existía también una partida de 2,34 millones de Euros que se concedían a terceros - y habría que ver a qué divinos terceros - pero atados a un reintegro con criterios muy estrictos, según subrayaba la consejera de Cultura Patricia del Pozo, y añadía: «Se convertía en una agencia de recaudación que, además, se quedaba con el dinero de esas subvenciones reclamadas en lugar de consignarlo a la Consejería de Hacienda que es lo que dice la ley. Un procedimiento no muy correcto desde luego». Por lo demás, Del Pozo detalló que se han reclamado 1,2 millones de euros de reintegro en "subvenciones que se destinaban a las actividades ordinarias, un dinero al que se suma otro millón más que se detraía del destinado al pago de las nóminas de los trabajadores por bajas o salidas que no se cubrían". La consejera ha tenido que admitir que «No había dinero para la actividad de esta agencia según ha descubierto la auditoría que encargamos al principio de la legislatura. Y eso vamos a cambiarlo radicalmente». El problema es averiguar hasta qué punto dicho cambio será tan radical como aseguran los políticos.

Basándonos en el ejemplo anterior, por el momento, la Consejería ha anunciado una "reestructuración" - que se limita a un cambio de nombre de dos direcciones generales - si bien se ha apresurado a añadir  que "habrá cambios en la distribución del personal". Ahora bien, ni Del Pozo ni el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se pronunciaron abiertamente sobre la posibilidad de que haya despidos. «Es una cosa muy seria y la abordaremos despacio y con serenidad». Y es ahí donde está la madre del cordero: Los nuevos "señoritos" del Cortijo en el que la anterior Junta convirtió Andalucía - entre ellos, el coaligado de Ciudadanos, Marin, procedente del socialismo y hoy jugando a progre-liberal (haciéndole asquitos a VOX, como otros veletas de su formación) - parecen mostrarse muy reacios a defenestrar a sus viejos colegas; se diría que por temor a que cuando dé la vuelta la tortilla sean los socialistas los que los defenestren a ellos. Es un "yo te tapo el culo y tu me tapas el mio". Para eso no hay asquitos, ni ética, ni vergüenza. Lo que hay es una clase política, una casta, podrida hasta el potito y dispuesta a contemporizar con sus adversarios - menos con VOX, vaya por Dios - con tal de asegurarse no tan sólo sus actuales habichuelas sino también las futuras que hayan podido alicatar, negociar o convenir con sus adversarios en el transcurso de la actual legislatura. Un "perpetuum mobile" de la corrupción política andaluza que abarca a todos los partidos - menos VOX - y que permite adivinar el resultado final del proceso por los EREs al que aludíamos al comienzo de este artículo: Todos se irán de rositas, nadie devolverá ni un duro de lo robado, y Andalucía volverá a dormir la siesta de los justos. Pobre Andalucía pobre, violada, abusada, esquilmada y humillada por una clase política que, si España fuera el Estado de Derecho que algunos pretenden hacernos creer, ya debería estar pudriéndose en el más obscuro calabozo.