Podemos ha presentado su programa para las elecciones generales del próximo día 28 de abril. En el punto 145 del mismo se recoge una idea que consiste en “reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía”.

 

Hay que tener presente que el artículo 122.3 de la Constitución regula la composición y el procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El problema es que la normativa legal no se ajusta a la regulación constitucional, pero aquella no es contraria a la Constitución según el Tribunal Constitucional.

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente, recoge el sistema fijado por Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que implantó un método de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo que sus veinte vocales deben designados por las Cortes Generales, de modo que cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. Este sistema no es adecuado en la medida en que deja en manos de los partidos políticos la elección de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial.

 

Ciertamente, la idea de Podemos puede resultar atractiva. Sin embargo, desde una perspectiva técnica y constitucionalmente adecuada, resulta estúpida. Los dirigentes del partido político de Pablo Iglesias no quieren fomentar el corporativismo, pero no es lógico que los ciudadanos voten a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ya que la actividad de ese órgano no incide directamente en la vida de los ciudadanos, pues sus competencias se limitan a la materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

 

Lo más acertado sería permitir que los jueces pudieran elegir a doce de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siendo ocho elegidos por las Cortes Generales, como se deduce del planteamiento que recoge la Constitución.