Teodoro García Egea ha afirmado que si hay partidos que “utilizan la acusación popular para hacer política”, le producirán “daño” a la Justicia y al ordenamiento jurídico. Lo gracioso es que Vox, en las intervenciones que ha realizado hasta el presente momento en el juicio contra los secesionistas, no ha obrado con fines políticos aparentes, pues está basando su estrategia procesal en aspectos principalmente jurídicos.

 

Vox decidió hacer algo contra los secesionistas y se limitó a aprovechar una buena posibilidad que le concede el ordenamiento jurídico: la acción popular. La Sentencia del Tribunal Constitucional 147/1985 señala que “la acción popular que consagra la Constitución (art. 125) y ya con anterioridad a ella, la L.E.Cr. (art. 101) es un derecho para el cual el ciudadano puede recabar la «tutela judicial efectiva» que, ahora ya como derecho fundamental, garantiza el art. 24.1 de la C.E.” y que “Como es obvio, esta reconducción del contenido del art. 125 de la Constitución el enunciado del art. 24 de la Ley Fundamental, mediante la que se intenta busca para aquél la protección del amparo constitucional, que sólo para los derechos consagrados en los arts. 14 a 30 ha sido instituida, descansa a su vez en una identificación entre el derecho procesal en el que la acción pública o popular consiste con los derechos o intereses legítimos de carácter sustantivo para los que, en el entendimiento común, se garantiza la tutela judicial efectiva”, de modo que Vox se ha limitado a intervenir en un proceso judicial ajustándose plenamente a su ideario político.

 

Pablo Casado tiene miedo de la exposición mediática de la que Vox puede disfrutar gracias al juicio contra los secesionistas, siendo cierto que el partido de Santiago Abascal está logrando atraer a muchos votantes que habitualmente eran considerados como simpatizantes del PP. Son diversos los motivos de ese proceso de alteración de las preferencias electorales, pero algunas están muy relacionadas con la pasividad de Mariano Rajoy frente a los independentistas catalanes.

 

Ciertamente, Pablo Casado debería preocuparse más por lo que su partido político no llegó a hacer cuando tuvo la ocasión para que evitar el proceso penal que se está desarrollando por el proyecto independentista. Con otras actuaciones del anterior Gobierno, ahora el país no se encontraría viviendo el circo mediático que se está desarrollando en la sede del Tribunal Supremo.