Pedro Sánchez propuso en el debate del pasado día 4 de noviembre reformar el Código Penal para recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal, idea que el PP ya había incluido en su programa para las elecciones del pasado día 10 de noviembre. La intención del líder del PSOE no era otra que la de pescar algunos votos el caladero de Ciudadanos mostrando un fuerte interés por luchar contra el secesionismo catalán, al que nunca ha llegado de rechazar sinceramente por la utilidad que tienen los partidos políticos independentistas para conseguir los apoyos políticos necesarios en el Congreso.

 

Hay que tener presente que la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, introdujo varios preceptos para castigar la convocatoria y organización de consultas ilegales. Concretamente, el artículo 506 bis castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum sin tener competencias para ello, siendo cierto que este precepto y el artículo 521 bis también penalizaban a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas.

 

Dos años después, con el PSOE controlando el Gobierno y el Congreso, se aprobó la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal, que derogó los preceptos indicados porque se referían “a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”, destacando que “el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”.

 

Con el pacto celebrado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un nuevo Gobierno habrá que ir descartando la posibilidad de recuperar el delito de convocatoria de un referéndum ilegal, pues el líder de Unidas Podemos siempre mostró su rechazo a castigar la convocatoria de consultas contrarias al ordenamiento jurídico.