La Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de diciembre de 2019 ha declarado la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. De esta resolución destaca claramente lo relativo a la foralidad de Aragón, por la que se señala en la citada norma que “los derechos forales de Aragón son el fundamento de sus poderes públicos (art. 2.1), y a ellos -y no a la Constitución- se debe la expresión de la voluntad del "pueblo aragonés" [art. 2.2 a)], la relación de autonomía y bilateralidad con el Estado [art. 2.2.e)], el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobiemo [art. 2.2.d)], y el fundamento del derecho de Aragón al autogobiemo político y a la autonomía financiera [2.2.f)]”.

Sobre la problemática de la foralidad de Aragón se dice en la sentencia indicada que “La extensión del ámbito de aplicación de la disposición adicional primera CE a otros territorios es constitucionalmente inviable con independencia de que el instrumento normativo empleado a este fin sea un Estatuto de Autonomía o la legislación ordinaria, estatal o autonómica”, ya que “Los derechos reconocidos a los territorios históricos por la disposición adicional primera CE, así acotados, no son por tanto extensibles a otras Comunidades Autónomas, aunque sobre una determinada materia hayan asumido idénticas competencias, “dado el carácter particular o excepcional de los derechos reconocidos a los territorios históricos que tiene por objeto, como ha señalado la STC 76/1988, garantizar ‘la existencia de un régimen foral, es decir, de un régimen propio de cada territorio histórico de autogobierno territorial, esto es, de su ‘foralidad’” (STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 26)”. Por ese motivo, se declara inconstitucional y nulo “El art. 1.1, que proclama la naturaleza foral de Aragón, cuya identidad jurídica se ha mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento”, pues “El precepto pretende con ello anclar la ley en la disposición adicional primera CE, desconociendo la ya citada doctrina constitucional y sin tomar en consideración que el art. 1.1 EAAr define a Aragón como nacionalidad histórica que “ejerce su autogobierno de acuerdo con el presente Estatuto, en el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad””.

Que Aragón no es una Comunidad Autónoma de carácter foral como Navarra y el País Vasco es algo que no debería generar dudas. Precisamente, la Disposición adicional primera de la Constitución contiene una previsión relativa a Navarra y los territorios forales del País Vasco que no puede extenderse al resto de Comunidades Autónomas, como señalan las Sentencias del Tribunal Constitucional 76/1988, de 26 de abril, y 214/1989, de 21 de diciembre. Sin embargo y desgraciadamente, se ha implantado la tendencia de reivindicar el reconocimiento de singularidades históricas que, aún sin existir verdaderamente, sirven para que cualquier Gobierno autonómico pueda reclamar más competencias que las que le corresponden y para que los ciudadanos de determinados territorios tengan opciones de exigir más derechos que los que tienen los demás sin asumir obligaciones equivalentes, algo que no se puede justificar desde la perspectiva de los artículos 14 y 139 de la Constitución.